Las calles, cunetas y terrenos de Valencia están repletos de vehículos destrozados, amontonados y arrastrados por las intensas lluvias y corrientes de agua a consecuencia de la gota fría (DANA). Los coches presentan daños severos: ventanillas rotas, parachoques hechos pedazos y carrocerías convertidas en pilas de chatarra. Según ha adelantado El Confidencial, tras una primera reunión de los Reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y los cuerpos de emergencia, se lanzó una primera estimación de 70.000 vehículos afectados.
Sin embargo, a lo largo de este mediodía, nuevos hallazgos han revelado que ya se han superado las 100.000 unidades, según datos de la Red de Empresas de Ayuda en Carretera (REAC). Hasta el momento, el Ministerio de Economía ha recibido unas 46.000 solicitudes de indemnización, y calcula que la mitad corresponden a daños en vehículos, elevando el coste potencial de compensación a 3.500 millones de euros.
Para asumir los gastos iniciales de indemnización, el Ministerio de Economía está valorando utilizar fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con una inyección inicial de 1.000 millones de euros y la posibilidad de ampliar en función de la demanda. Al contrario de la reactivación tras la pandemia, la recuperación aquí no será posible sin la adquisición de maquinaria y equipos nuevos, y muchos negocios y particulares se enfrentarán a la decisión de comenzar de cero o no volver a abrir. Durante la crisis del covid, la provincia de Valencia obtuvo 4.500 millones de euros en créditos; ahora, sin embargo, no se espera una demanda igual.
La prioridad inicial de los servicios de emergencia ha sido despejar las carreteras y principales vías de circulación, lo que ha implicado un intenso trabajo de grúas y camiones de transporte, que han movido muchos vehículos a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia y a áreas cercanas, como València Sud. La Policía Portuaria y la Guardia Civil están colaborando para asegurar estas zonas y evitar saqueos mientras los vehículos esperan su evaluación.
La Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana ha emitido una resolución que permite a los desguaces ampliar temporalmente su capacidad de recepción de vehículos durante seis meses, sin límite de unidades. Actualmente, 69 puntos de desguace han sido habilitados para gestionar el volumen masivo de coches siniestrados, y los desguaces han admitido que están desbordados ante la enorme carga de trabajo. Según Pere Anrubia, director técnico de la Asociación de Desguaces de la Comunidad Valenciana (Adecova), será necesario habilitar más espacios y se solicitará apoyo a la Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (Sigrauto), que incluye fabricantes, importadores y empresas de achatarramiento.
Antes de que los coches puedan ser desechados, se requiere un proceso masivo de peritaje. El Ministerio de Economía y las aseguradoras están negociando la organización de estos peritajes, y se espera que muchos profesionales viajen desde distintos puntos de España para sumarse a los peritajes en la región, ya que el personal local no es suficiente. Además, cada vehículo contará con un registro específico para facilitar y agilizar la apertura de expedientes, permitiendo avanzar con los pagos de las indemnizaciones lo más rápido posible.
