«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
El departamento que dirige Óscar Puente aparece citado en el sumario de la causa

Zapatero impuso una red de cargos afines en Transportes para amañar contratos tras la reestructuración impulsada por Puente

José Luis Rodríguez Zapatero junto a Óscar Puente. Redes sociales

La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por tráfico de influencias y blanqueo de capitales tiene uno de sus focos principales en el Ministerio de Transportes, según la información publicada por Vozpópuli a partir de fuentes próximas a la investigación. El departamento que dirige Óscar Puente aparece citado en el sumario de la causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez José Luis Calama, en una línea de pesquisas que sitúa el foco en la posible influencia ejercida sobre áreas estratégicas de la Administración.

El Ministerio de Transportes no es un departamento menor dentro del Gobierno. Se trata de una de las carteras con mayor capacidad presupuestaria y con competencias decisivas en materia de obra pública, infraestructuras, adjudicaciones y empresas dependientes del Estado. Precisamente por ese peso institucional, los investigadores habrían puesto especial atención en los nombramientos y movimientos internos realizados en los últimos años.

De acuerdo con las fuentes citadas por el periódico, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal habría analizado la presencia en puestos relevantes de una serie de cargos relacionados, directa o indirectamente, con José Luis Rodríguez Zapatero y con José Blanco. Algunos de ellos ya habían desempeñado responsabilidades durante la etapa en la que Blanco estuvo al frente del entonces Ministerio de Fomento, entre 2009 y 2011.

La investigación, protegida desde hace meses por la Fiscalía Anticorrupción para evitar filtraciones, examina si esa red de relaciones pudo tener impacto en la colocación de perfiles afines en puestos con capacidad de intervención sobre contratos públicos. El objetivo de las pesquisas sería determinar si existió una estructura de influencia orientada a favorecer a empresas próximas a determinados intereses de lobby.

En ese contexto aparece Acento, la firma de asuntos públicos impulsada por José Blanco, señalada en la información como uno de los principales puntos de referencia de esa supuesta red de relaciones. Las fuentes consultadas sostienen que la influencia atribuida al entorno de Zapatero y Blanco habría ganado fuerza dentro de Transportes especialmente tras la reorganización ministerial llevada a cabo por Óscar Puente.

Esa remodelación habría permitido recuperar o reforzar a cargos procedentes de etapas anteriores del Ministerio. Muchos de ellos, por su perfil funcionarial o técnico, habrían permanecido en la estructura administrativa durante los gobiernos de Mariano Rajoy, lo que les permitió conservar posiciones dentro del aparato ministerial pese a los cambios políticos.

Uno de los efectos de esa reordenación, siempre según las fuentes citadas, habría sido apartar los restos del equipo vinculado a José Luis Ábalos. El propio Ábalos, actualmente en prisión provisional, habría señalado en una de sus declaraciones judiciales que parte de su equipo procedía de personas heredadas o sugeridas por José Blanco.

La lista de nombres relacionados con ese entramado sería extensa. Entre los perfiles mencionados se encuentra Benito Núñez Quintanilla, secretario general de Transportes, a quien se vincula con la etapa de Zapatero por sus labores de asesoría a Elena Salgado, que fue vicepresidenta del Gobierno. También figura Raúl Míguez, actual director general de Operaciones de Adif, que anteriormente fue jefe de gabinete de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, imputada en la denominada trama Koldo.

El actual organigrama de Transportes incluye además un grupo de personas consideradas próximas a Óscar Puente y con un peso notable en el funcionamiento interno del Ministerio. Entre ellas se citan Belén Villar, directora general de Organización e Inspección; Belén Roel, subdirectora de esa misma área; Pilar Suárez, subdirectora de Recursos Humanos; Juan Pedro Fernández Palomino, director general de Carreteras; y Jesús Miguel Fumanal, subdirector de Administración y Gestión Financiera.

Este último cargo resulta especialmente relevante por su papel sobre los órganos de contratación del Ministerio. Fuentes sindicales del propio departamento atribuyen a este núcleo la elaboración de la auditoría encargada por Puente sobre la etapa de Ábalos, un informe que fue cuestionado pericialmente durante el juicio del caso Mascarillas celebrado recientemente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Otro nombre señalado en la información es el de Encarnación Sandonís, directora de gabinete de Óscar Puente. Sus críticos la describen como una figura de enorme influencia interna, hasta el punto de atribuirle capacidad para intervenir en decisiones que afectan al subsecretario y al secretario de Estado. Además, representa al Ministerio de Transportes en distintos comités interministeriales vinculados al Departamento de Seguridad Nacional.

Las pesquisas no se limitarían únicamente a Transportes. Algunos cargos que habrían orbitado durante años en torno a Zapatero y Blanco habrían sido recolocados en otros espacios de la Administración. Entre los ejemplos citados aparecen Alfredo Rodríguez, antiguo responsable de Comunicación con Ábalos y actualmente integrado en el equipo asesor de Moncloa; Ricardo Mar, secretario general de Paradores bajo la presidencia de Raquel Sánchez; y Sergio Vázquez, actual presidente de Ineco.

Ricardo Mar ya formó parte del gabinete de José Blanco durante su etapa al frente de Fomento, mientras que Sergio Vázquez aparece vinculado tanto al entorno de Blanco como al de Isabel Pardo de Vera. La información sitúa también a Paradores como una posible vía de recolocación para perfiles procedentes del antiguo núcleo de Transportes.

La hipótesis que manejan las fuentes consultadas es que esa red de cargos y afinidades habría podido facilitar un sistema de influencia sobre adjudicaciones públicas, especialmente en el ámbito de la obra pública. No obstante, el avance de la investigación deberá determinar el alcance real de esas conexiones, su eventual relevancia penal y si existió una actuación coordinada con efectos concretos sobre contratos del Ministerio.

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