Los documentos internos de ETA redactados durante las conversaciones de Ginebra con emisarios del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacan a la luz compromisos que el Ejecutivo socialista estaba dispuesto a asumir a cambio de la tregua que la banda terrorista anunció el 22 de marzo de 2006.
Según reflejan las actas a las que ha tenido acceso The Objective, el presidente prometió una «disminución palpable» de la presencia policial en el País Vasco y el fin de las detenciones de comandos etarras salvo en supuestos muy concretos como «robo de coches, atracos y homicidios». Fue Jesús Eguiguren, entonces presidente del PSE, quien trasladó estas condiciones a Josu Ternera en nombre del Ejecutivo.
Los papeles incluyen un apartado titulado «Garantías de Gorburu» –el alias con el que la banda se refería a Zapatero– en el que se detallan tres concesiones que, según la versión de ETA, Madrid pondría en marcha una vez hecho público el «alto el fuego». Entre ellas, además de la reducción de controles policiales, se aceptaba de facto que Batasuna y otras siglas de la izquierda abertzale pudiesen volver a operar políticamente. Los etarras anotaron incluso un plazo de entre siete y diez días para aplicar esas medidas.
Por parte de la organización terrorista, se entregó un documento con sus objetivos tras la tregua. Su aspiración era «impulsar un proceso democrático en EH» que permitiera al País Vasco y Navarra decidir su futuro. Para lograrlo, exigían a Zapatero y al entonces presidente francés Nicolas Sarkozy reconocer «sin ingerencias ni topes» la decisión de los ciudadanos vascos. ETA lo resumía en un llamamiento a «pasar de las palabras a los hechos» y pedía al Ejecutivo español y al francés abandonar «la represión y los comportamientos negadores».
Eguiguren, sin embargo, se mostró crítico con los primeros borradores de la declaración etarra. Consideraba que la ausencia del término «permanente» debilitaba el mensaje y daba margen a que la banda ejerciera «tutelaje sobre el proceso político». Ternera, por su parte, recalcó que ETA no incluiría nunca el calificativo «definitivo» y sostuvo que la declaración respondía únicamente al desarrollo del proceso.
El socialista intentó que la organización aceptase definir su tregua como «general y permanente», pero solo logró introducir este último término. A cambio, la banda planteó que, si el proceso se desarrollaba «sin interferencias antidemocráticas», podría valorar «poner fin definitivo a la lucha armada», siguiendo el ejemplo del IRA en 2005. En las actas se consigna expresamente que «la suspensión definitiva» de su violencia dependería del comportamiento de España y Francia.
Con la mediación del Centro Henri Dunant, ambas partes acordaron finalmente anunciar un «alto el fuego permanente» tras intensas rondas de propuestas y contrapropuestas. ETA aceptaba que el futuro del País Vasco lo negociasen los partidos vascos, mientras el Gobierno insistía en que el comunicado debía publicarse simultáneamente en euskera y castellano para evitar «traducciones interesadas».
La banda quiso dejar constancia de que no toleraría «malentendidos» en torno al «alto el fuego». Pero ese supuesto compromiso se quebró en octubre de 2006 con el robo de 350 pistolas en Burdeos.
En paralelo, Eguiguren entregó a Ternera una lista de 14 exigencias al estilo de mandamientos: desde no cometer atentados ni extorsiones hasta no adquirir armas ni reclutar nuevos miembros. La respuesta etarra fue más ambigua: se comprometía a no preparar acciones armadas salvo lo necesario «para el funcionamiento de la organización». Una redacción que el emisario del Gobierno rechazó por inaceptable.
También se pactó cómo actuar en caso de crisis: cada parte debía consultar con la otra y con los mediadores antes de romper el proceso, comprometiéndose además a no difundir documentos mientras durase la negociación. Si la ruptura era definitiva, quedarían libres de los acuerdos.
En cuanto al calendario, los etarras establecieron un límite máximo de seis meses para que Zapatero iniciase negociaciones directas tras la declaración de tregua. El Gobierno abrió esos contactos mucho antes, el 29 de junio de 2006, apenas tres meses después del anuncio, con la intención de evitar que el proceso descarrilase. Pese a ello, la llamada «tregua permanente» acabaría saltando por los aires.
