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El relajamiento de los requisitos del voto por correo explica el retraso

California sigue contando los votos de las primarias del 5 de marzo

Gavin Newsom

California es la sede de algunas de las empresas más desarrolladas del mundo. En el estado residen muchas de las personas más inteligentes y poderosas; también de las más comprometidas. Su gobernador, el izquierdista Gavin Newsom, ha viajado a China, el país más contaminante de la Tierra, para conocer medidas contra el calentamiento global.

Sin embargo, el estado, con una superficie cercana a la de España y una población de 40 millones de habitantes, tiene problemas como la mayor tasa de pobreza de los Estados Unidos y la crisis sanitaria en San Francisco debida a los excrementos humanos en las calles.

El 5 de marzo, los partidos republicano y demócrata celebraron elecciones primarias en varios estados del país. Las californianas fueron las más destacadas del llamado supermartes por el número de participantes y los delegados en juego. Dos semanas después, el recuento de los votos no se ha concluido y, según las informaciones de la agencia AP, falta un 5% de los sufragios emitidos en ambas primarias, aunque los ganadores se conocen.

En otros estados, el recuento está completo al 100% (Iowa y Minesota) o al 99% (Texas, Carolina del Norte, Virginia, Vermont…). Utah tiene un peor registro que California, pues el recuento de los caucus demócratas está parado en el 94%, mientras que el de los republicanos quedó completo al 100%.

A la semana de la votación de las primarias, California sólo había recontado el 75% de los sufragios emitidos. El departamento de Gobernación tiene hasta el 12 de abril de plazo para dar a conocer los resultados definitivos.

Uno de los motivos de semejante retraso es la estructura federal de los Estados Unidos. Los condados son los encargados de los recuentos y en muchos casos de la elaboración de las papeletas, la disposición de los colegios electorales y la contratación de personal.

El otro motivo, ya característico de California y que comparte con otros estados, casi todos gobernados por los demócratas, es la laxitud de sus leyes electorales. A fin de facilitar la emisión del voto en 2020, durante los encierros y la campaña de terror a causa del Covid, el parlamento estatal, de abrumadora mayoría demócrata, aprobó una ley que convirtiese en obligatorio el envío de papeletas de votación a los domicilios de unos 22 millones de residentes, lo que alargó también los plazos para la recepción de los sobres, incluso varios días después de la fecha de las elecciones, y su recuento. Esa ley se mantiene y se aplicará este año en las presidenciales.

Como avisa el departamento de Gobernación de California: «Los resultados de las elecciones cambiarán durante el periodo de recuento de votos a medida que se cuenten los votos emitidos por correo, los votos provisionales (incluidos los votos provisionales condicionales de registro de votantes) y otros votos». Así se entiende que los resultados oficiales tarden en conocerse cinco semanas después de la votación.

Las debilidades de la seguridad del voto por correo y el electrónico provocaron hace casi cuatro años grandes discusiones en los Estados Unidos. Desde entonces, Donald Trump sostiene que los demócratas le robaron las elecciones. En 2020, los once electores el estado de Arizona se asignaron a Joe Biden por menos de 12.000 votos en un recuento lleno de irregularidades con el voto electrónico que todavía siguen apareciendo y documentándose.

La primera potencia del mundo envía cohetes a Marte y vigila las líneas del frente en Ucrania con drones y satélites, pero sus administraciones no pueden concluir un recuento de votos para la elección de sus Parlamentos, federal o estatales, y su presidente en menos de un día, como hacen España, Francia, Argentina, Hungría o Chile.

La pregunta clave es por qué a los dos partidos, sobre todo al demócrata, opuesto a cualquier medida de seguridad en el voto (como documentos de identidad con fotografía o custodia de los buzones donde se depositan los sobres con papeletas), les interesa mantener un sistema que falla tanto y permite adulterar la voluntad popular o al menos que muchos ciudadanos tengan dudas sobre los datos oficiales.

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