El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asestado un golpe definitivo a la multinacional abortista Planned Parenthood al lograr que su nueva agenda fiscal y legislativa incluya una cláusula clave: la prohibición de que los proveedores de abortos reciban reembolsos de Medicaid. La medida coincide con un fallo reciente de la Corte Suprema que consolida aún más esta ofensiva legal contra la organización.
Con más de 80 millones de ciudadanos acogidos a Medicaid —el sistema público de salud que atiende a personas con ingresos bajos o condiciones de discapacidad—, el impacto será de gran alcance. Aunque el aborto representa una mínima fracción de las intervenciones realizadas por Planned Parenthood, el nuevo marco normativo corta la financiación también para otros servicios que ofrece, como chequeos rutinarios, anticoncepción, atención prenatal o diagnósticos ginecológicos.
Esta ofensiva legislativa se suma a la decisión del Tribunal Supremo emitida el pasado 26 de junio, que avala el derecho de los estados a retirar el acceso a fondos de Medicaid a las clínicas que practican abortos, incluso si los servicios financiados no tienen relación alguna con la interrupción voluntaria del embarazo.
El origen del caso legal —Medina v. Planned Parenthood South Atlantic— está en Carolina del Sur, donde una mujer no pudo recibir atención médica en una clínica de Planned Parenthood después de que el gobernador Henry McMaster revocara el acceso de la entidad a los reembolsos de Medicaid. El Supremo determinó que los pacientes no pueden demandar a los estados por eliminar esa financiación, cerrando así la vía judicial a quienes recurren a estos centros de salud.
Ambas decisiones, tanto la legal como la legislativa, culminan una estrategia que lleva casi dos décadas gestándose. Desde mediados de los años 2000, sectores conservadores han venido presionando para eliminar cualquier tipo de financiación pública a centros que practiquen abortos, incluso si esos fondos no se destinan directamente a dicho servicio. La Enmienda Hyde, vigente desde 1976, ya impide que Medicaid cubra abortos salvo en situaciones extremas (violación, incesto o peligro para la vida de la madre), pero el nuevo enfoque va mucho más allá.
Desde la administración Trump se ha celebrado esta decisión como una victoria para quienes defienden la vida y exigen que ni un solo dólar de los contribuyentes se dirija, directa o indirectamente, a organizaciones que realicen abortos.
