Se repite la historia: los territorios demócratas que desplegaron su virtud designándose como santuarios para los inmigrantes ilegales —por la sencilla razón de que no les llegaban ni lejanamente como a las zonas fronterizas, mayoritariamente republicanas— empiezan a recoger velas a toda prisa ahora que le ven las orejas al lobo.
El alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, que tanto ha sermoneado sobre lo acogedora que es su ciudad para los ilegales, está lo bastante desesperado con la súbita avalancha de inmigrantes como para pedir que se suspenda uno de los pilares de su despliegue de virtud: el «derecho a un alojamiento».
Lo ha llevado a los tribunales, alegando que no se puede mantener esta garantía de techo para cualquier ilegal que llegue a la Gran Manzana debido a la afluencia continua de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo en la ciudad.
Tras una decisión judicial de 1984 conocida como el «decreto de consentimiento de Callahan«, la ciudad de Nueva York ha tenido que proporcionar alojamiento a prácticamente todas las personas sin hogar que lo soliciten. Adams lleva algún tiempo tratando de suspender o enmendar este «derecho» y finalmente la alcaldía ha solicitado formalmente a un juez de la ciudad de Nueva York que suspenda la norma.
El ayuntamiento calcula que desde el año pasado han llegado a Nueva York más de 65.000 inmigrantes ilegales y más de 44.000 siguen usando los albergues de la ciudad. En total, la ciudad de Nueva York actualmente brinda apoyo a 93.000 personas en su programa de albergue; un número que «supera con creces la población más alta jamás antes registrada de la ciudad de 61.000 personas».
Adams pretende al menos que se reforme la norma con una disposición que establezca que «la obligación de brindar alojamiento tanto a los adultos sin hogar como a las familias adultas se suspenderá» cuando el consistorio carezca de los recursos y la capacidad «para brindar un refugio seguro y apropiado». El alcalde emitió una nota para justificar públicamente este «retroceso de derechos»: «De ninguna manera estamos buscando terminar con el derecho al alojamiento. La medida adoptada hoy nos permitirá obtener claridad del tribunal y preservar el derecho al alojamiento para las decenas de miles a nuestro cuidado, tanto personas que anteriormente no tenían vivienda como solicitantes de asilo», dijo Adams. «Dado que no podemos brindar atención a un número ilimitado de personas y ya estamos sobrecargados, lo mejor para todos, incluidos aquellos que buscan venir a los Estados Unidos, es ser sinceros en cuanto a que la ciudad de Nueva York no puede brindar atención a todos los que cruzan nuestra frontera«.
Los malos, claro, son los republicanos; concretamente, los estados que transportan deliberadamente a los que cruzan la frontera ilegalmente a la ciudad de Nueva York. «El principal impulsor de este aumento fue la afluencia de solicitantes de asilo que llegaron aquí desde la frontera sur de los Estados Unidos, en gran parte orquestada por actores de fuera del estado que buscaban ganar puntos políticos exportando la responsabilidad y las cargas fiscales concomitantes de cuidando a esta población fuera de su estado y, por cálculo político, a la ciudad de Nueva York», dice la petición judicial.
El año pasado, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, comenzó a transportar en autobús a personas que cruzaban ilegalmente la frontera sur hacia Texas a otros estados. La estrategia de transporte en autobús de Abbott se ha centrado principalmente en las llamadas «ciudades santuario», que no cooperan con las autoridades federales de inmigración que podrían arrestar o deportar inmigrantes ilegales. La ciudad de Nueva York es una de esas «ciudades santuario».
Abbott ha dicho que su estrategia de transporte en autobús ha puesto de relieve la hipocresía de las ciudades santuario que se resisten ante la perspectiva de tener que asumir y compartir la responsabilidad de los inmigrantes ilegales.
