Sorprendentemente, la noticia se quiere presentar como una «cesión» de la Administración Biden, obligada a un compromiso con los senadores para poner coto a la invasión desde la frontera sur a cambio de que le dejen repartir miles de millones entre ucranianos e israelíes. En la escueta realidad, es una tomadura de pelo.
El nuevo proyecto de ley proporciona una nueva autoridad de emergencia para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) restrinja los cruces fronterizos si se produce un promedio de 4.000 encuentros diarios en un lapso de una semana. Si se alcanza este umbral, entonces el secretario del DHS podría cerrar la frontera negando a los inmigrantes ilegales la posibilidad de solicitar asilo. Si el promedio de encuentros llega a 5.000 por día durante una semana determinada, entonces el secretario del DHS deberá cerrar la frontera.
Es decir, se admite tranquilamente la entrada de hasta 5.000 ilegales al día. Eso, si hacen la cuenta, significa 1.825.000 al año, casi dos millones. Todos los años. Es decir, en cinco años podría entrar sin problemas el equivalente a la población de todo el estado de Michigan. Gran victoria.
Un grupo bipartidista de senadores presentó el esperadísimo proyecto de ley por el que al fin, supuestamente, empezará a ponerse orden en la frontera sur del país a cambio de destinar fondos adicionales para Ucrania e Israel. Durante una aparición en CNN el 28 de enero, el senador demócrata Chris Murphy, uno de los negociadores, anunció que se había llegado a un acuerdo fronterizo, y casi una semana después, los legisladores finalmente dieron a conocer el tan esperado texto del proyecto de ley.
El paquete de 118.000 millones de dólares aborda una amplia gama de gastos de seguridad nacional, incluyendo financiación para Israel, Ucrania y Taiwán, así como disposiciones para fortalecer y financiar la seguridad fronteriza. Según el Comité de Asignaciones del Senado, se asignan 60.000 millones de dólares a Ucrania, 14.100 millones de dólares a Israel y 20.000 millones de dólares para implementar las medidas de seguridad fronteriza.
Las discusiones sobre la seguridad fronteriza ocuparon la mayor parte del tiempo de los negociadores, mientras los republicanos buscaban obtener concesiones más estrictas en materia de seguridad fronteriza y los demócratas buscaban disposiciones menos estrictas. El acuerdo eleva el listón legal para la evaluación inicial de las solicitudes de asilo. También acelerará el tiempo de procesamiento de asilo de muchos años a seis meses.
