La Administración Trump baraja tomar medidas de presión contra jueces y altos cargos de seguridad europeos si avanzan actuaciones legales o administrativas contra formaciones consideradas afines a Washington, como Alternativa para Alemania (AfD) en Alemania o Agrupación Nacional en Francia. Así lo sostiene una información difundida por el semanario alemán Der Spiegel, que apunta a un escenario inédito de sanciones con trasfondo político.
Según la publicación, fuentes que ocuparon puestos relevantes en el anterior Gobierno estadounidense —y que hablaron bajo anonimato— aseguran que ya se trabaja en posibles paquetes de represalias. El medio señala que, al ser preguntado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos evitó desmentir el contenido y se remitió a posicionamientos previos de la Casa Blanca.
El contexto inmediato se remonta a la reacción airada de Washington tras la decisión de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de clasificar a Alternativa para Alemania (AfD) como organización de extrema derecha. Esa catalogación abre la puerta a una vigilancia más estrecha de sus dirigentes, al considerarlos un riesgo para el orden democrático alemán. Desde Estados Unidos, la respuesta fue contundente: el secretario de Estado Marco Rubio calificó la medida de «tiranía disfrazada de democracia» y reclamó públicamente a Berlín que rectificara.
El artículo también amplía el foco hacia Francia. En ese país, se mencionan expresamente a los magistrados que condenaron a Marine Le Pen por malversación de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios europeos del antiguo Frente Nacional. De acuerdo con Spiegel, estos nombres figuran en los análisis internos de la Administración Trump, aunque sin decisiones definitivas por el momento.
Pese al tono amenazante que se desprende de las filtraciones, Washington estaría actuando con cautela. La posible imposición de sanciones quedaría, por ahora, supeditada a la resolución de los recursos judiciales aún pendientes en Francia, lo que sugiere que la Casa Blanca prefiere esperar antes de dar un paso que podría tensar aún más las relaciones con socios europeos clave.
En conjunto, las revelaciones dibujan un escenario de creciente fricción transatlántica, en el que Estados Unidos se reserva la opción de intervenir políticamente ante decisiones judiciales o de seguridad internas de países europeos, cuestionando abiertamente sus mecanismos legales cuando afectan a partidos situados en la órbita ideológica de Donald Trump.
