Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca ha acusado este martes al Partido Republicano de Florida, el cual se encuentra liderado por Ron DeSantis, de atacar la diversidad y los esfuerzos de inclusión de las minorías sociales.
La portavoz ha señalado que han «hablado abiertamente sobre el impacto de las políticas equivocadas de los legisladores de Florida». Asimismo, ha criticado que los republicanos «han limitado» la enseñanza de la historia negra y han lanzado ataques contra los jóvenes LGBT, inmigrantes o mujeres.
De este modo, en una rueda de prensa Jean-Pierre ha indicado que la Administración Biden «continuará denunciando las políticas discriminatorias impulsadas por los líderes estatales de todo el país». Como ha expresado, pretenden «seguir siendo contundentes», ya que consideran ese su deber, además de ser un refelejo de lo que cree el presidente, Joe Biden.
Tal y como ha dicho, esas políticas propuestas por «republicanos extremistas» perjudican a los estadounidenses y les quita su libertad.
La portavoz ha emitido estas declaraciones después de que la organización de defensa de los derechos civiles más antigua de Estados Unidos, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), haya alertado del riesgo de viajar a Florida debido a las políticas «abiertamente hostiles» emitidas por el gobernador republicano.
«Florida es abiertamente hostil para los afroamericanos, la gente de color y los individuos LGTBQ+. Comprendan antes de viajar a Florida que el estado de Florida devalúa y marginaliza las contribuciones de y los desafíos que afrontan los afroamericanos y otras comundiades de color», señala la NAACP.
En particular, la denuncia se centra en la intención de DeSantis de prohibir algunos libros, rechazar los cursos de Estudios Afroamericanos de Colocación Avanza y restringir los programas de diversidad, igualdad e inclusión en las universidades del estado de Florida.
Asimismo, la LULAC, también conocida como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos recomienda no viajar a Florida mediante un aviso emitido el miércoles pasado debido a la nueva ley de inmigración, que entrará en vigor en julio de este año. Esta ley obliga a los empresarios con más de 25 empleados a comprobar sus estatus migratorio, amenazando con multas de 1.000 dólares (924 euros) al día hasta que demuestren que sus trabajadores cuentan con los documentos requeridos.
