Un juez federal de Texas ha cancelado el programa Parole in Place (PIP) de la Administración Biden, que permitía a cerca de 500.000 inmigrantes ilegales casados con ciudadanos estadounidenses y aproximadamente 50.000 hijastros en situación irregular avanzar en su proceso de residencia sin salir de Estados Unidos. Este programa había sido diseñado para simplificar el trámite de la «Green Card» y evitar que los solicitantes tuvieran que salir del país, esquivando las sanciones de la conocida Ley del Castigo.
El juez J. Campbell Barker, del Distrito Este de Texas y nombrado durante la administración de Donald Trump, emitió el fallo definitivo después de una suspensión temporal previa. Barker argumentó que el Congreso no había autorizado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para implementar este programa, y declaró que la medida superaba la autoridad del poder ejecutivo.
La demanda fue encabezada por Andrew Bailey, fiscal general de Missouri, con el apoyo de otros 16 estados, que alegaron que el PIP no solo excedía las competencias del DHS según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, sino que además incrementaría el gasto estatal en sectores como salud, educación y seguridad pública. Entre los estados que respaldaron esta acción se encuentran Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming, además de la organización America First Legal.
Este programa, implementado durante la campaña del Partido Demócrata, buscaba ofrecer un camino para que los familiares directos de ciudadanos estadounidenses, como cónyuges e hijastros indocumentados, ajustaran su estatus migratorio dentro del país sin enfrentarse a los tiempos de espera y las sanciones al salir y reingresar.
Con el Formulario I-131 como base del trámite, los solicitantes podían presentar su solicitud sin pagar un cargo adicional, aunque las tarifas de administración para este proceso en 2024 alcanzaban los 580 dólares.
