No es que nos quedaran muchas dudas, menos aún en los últimos días en que ha asegurado haber hablado con Miterrand, «de Alemania», y de nombrar a Al Sisi «presidente de México», pero un fiscal norteamericano lo ha confirmado, digamos, oficialmente: a Biden no le funciona bien la cabeza.
Esa ha sido, al menos, la excusa para desestimar los cargos presentados contra el presidente por su manejo negligente de información oficial confidencial.
Es la última prueba —que tampoco necesitamos— de las dos varas de medir que rigen en la política norteamericana, donde los demócratas parecen estar por encima de la ley. Esta vez en un informe publicado este jueves por la tarde por el fiscal especial que investiga la mala gestión de documentos clasificados por parte del presidente Biden, que decidió no presentar cargos contra él.
«Nuestra investigación descubrió pruebas de que el presidente Biden retuvo y reveló intencionalmente materiales clasificados después de su vicepresidencia cuando era un ciudadano privado», según el informe final de un fiscal especial. En el informe, el fiscal especial Robert Hur escribe: «Biden probablemente se presentará ante el jurado, como lo hizo durante su entrevista con nuestra oficina, como un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria». Y con el botón nuclear, podría haber añadido.
A pesar del mal manejo por parte del presidente de documentos clasificados sobre política exterior y el ejército, y páginas y páginas de entradas sobre seguridad nacional, el fiscal especial concluyó que «no se justifican cargos penales en este asunto». «Llegamos a la misma conclusión incluso si la política del Departamento de Justicia no excluyera los cargos penales contra un presidente en ejercicio».
Este informe se publica un año después de que el fiscal general Merrick Garland nombrara a Hur como fiscal especial para supervisar la investigación de documentos clasificados descubiertos en la oficina del presidente y la casa de Deleware a finales de 2022. Mientras tanto, el expresidente Trump fue acusado de 40 cargos penales, entre ellos obstrucción de la justicia y retención intencional de documentos clasificados.
