La senadora republicana por Florida, Ashley Moody, ha presentado un proyecto de ley que convertiría en delito federal el transporte de menores de edad entre estados de los EEUU para practicarles un aborto sin la previa autorización de sus padres, apuntando directamente contra entidades demócratas como Illinois o California, utilizadas actualmente de manera frecuente para estas prácticas.
Al respecto, Moody ha dicho que «como una madre, no me podría imaginar que mis hijos fuesen transportados entre las fronteras estatales para un procedimiento médico sin mi conocimiento. Los padres nunca deben ser dejados fuera de la ecuación cuando se trata de asuntos tan importantes y que inciden altamente en la vida de sus hijos».
El proyecto de ley ha recibido el respaldo de otros parlamentarios, como los senadores Bill Cassidy, Kevin Cramer, Jim Risch, Steve Daines, John Kennedy, Deb Fischer, James Lankford y Pete Ricketts, así como por las organizaciones National Right to Life, Susan B. Anthony Pro-Life America, Students for Life Action, National Right to Life, Priests for Life, Americans United for Life, y March for Life Action.
«Estoy presentando la ley de notificación interestatal de abortos en menores para fortalecer las protecciones de padres y familiares al asegurarnos de que se cumpla con las notificaciones estatales previas y las leyes de consentimiento», aseguró la senadora republicana.
El republicano Steve Daines, por su parte, ha enfatizado que «muy habitualmente los menores son transportados ilegalmente cruzando límites entre estados para tener un aborto sin el consentimiento previo de sus padres. Esto está mal y amenaza tanto la seguridad de esos chicos como los derechos de sus padres. Estoy orgulloso de presentar la ley de notificación interestatal de abortos en menores con la senadora Moody para proteger a esos menores y destacar la importancia de los derechos de sus padres».
De acuerdo a lo asomado en dicho proyecto de ley, la violación de la misma podría acarrear la imposición de multas e incluso riesgo de cárcel. Los legisladores y organizaciones que la promueven han citado un caso reciente donde, en 2024, el estado de Missouri emprendió acciones legales contra el ente Planned Parenthood por transportar ilegalmente a menores fuera de su territorio para practicarles abortos sin el consentimiento previo de sus padres.
