La maquinaria del Estado alemán avanza hacia el desarme sistemático de los miembros de Alternativa para Alemania (AfD) después de que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución haya reclasificado al partido como una organización de «extrema derecha». Esta decisión, adoptada en un documento de 1.108 páginas filtrado recientemente a la prensa, abre la puerta a que miles de personas pierdan su derecho a la posesión legal de armas, en base al artículo 5 de la Ley de Armas.
Dicho artículo establece que los miembros actuales o pasados de organizaciones que se opongan al orden constitucional no pueden poseer armas, sin necesidad de que haya condena penal alguna. Varios tribunales administrativos, como los de Magdeburgo o Turingia, ya han comenzado a aplicar esta interpretación: sólo en Sajonia-Anhalt, las autoridades tienen identificados a 74 miembros de AfD con 330 armas registradas, entre ellos 25 cazadores y 49 tiradores deportivos.
La CDU respalda la medida. El ministro del Interior de Baden-Wurtemberg, Thomas Strobl, ha declarado que «las armas no deben estar en manos de enemigos de nuestra democracia». Su homólogo en Hesse, Roman Poseck, ha pedido «acciones coordinadas en todos los Länder» y ha advertido de que el tema será central en la próxima conferencia de ministros del Interior.
Sin embargo, la ejecución plantea enormes desafíos prácticos. Las oficinas de armas no tienen permiso para registrar la afiliación política de los solicitantes ni siquiera durante las inspecciones. La mayoría de los funcionarios deben basarse en información pública o avisos del servicio de inteligencia interno. Además, en muchas regiones, las autoridades ya se encuentran saturadas por otras tareas como el control de armas ilegales o la delincuencia importada.
Desde el norte de Alemania hasta Baviera, se debate ahora si todos los miembros del partido deben ser sometidos a controles y desarme. La norma jurídica establece una presunción general de «falta de fiabilidad», salvo que el interesado demuestre explícitamente su desvinculación de los «fines extremistas» del partido.
El partido ya ha perdido en los tribunales varias batallas. En Magdeburgo, se retiraron las armas a tres dirigentes: un exsecretario regional, un antiguo diputado del Bundestag expulsado del partido, y un parlamentario autonómico que había liderado la rama juvenil, Junge Alternative, recientemente disuelta.
Por su parte, los Verdes exigen un desarme inmediato y total. Su portavoz parlamentario, Marcel Emmerich, ha declarado que resulta «absolutamente inaceptable» que miembros de AfD tengan acceso a armas. Desde la propia formación, sin embargo, se defiende que no hay base legal aún para aplicar una retirada generalizada, y se remiten a futuras decisiones del Tribunal Constitucional.
A día de hoy, no existe un mecanismo nacional para cruzar datos entre registros de armas y partidos políticos. Pero si la clasificación como grupo extremista se mantiene firme en los tribunales, cualquier miembro de la AfD podría perder su licencia de armas sin necesidad de cometer delito alguno.
