Alemania atraviesa una de las mayores crisis financieras municipales de su historia reciente. Las cifras son demoledoras: el déficit conjunto de las ciudades alemanas alcanzará este año los 30.000 millones de euros, un salto significativo respecto a los 24.000 millones del año anterior, según el diario alemán Bild. La situación es tan grave que en Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado del país, sólo 10 de sus 396 ciudades y municipios pueden presentar un presupuesto equilibrado. Los datos, advierten desde el propio tejido institucional alemán, pueden extrapolarse al conjunto del país.
La fotografía que ofrecen los municipios es la de un sistema agotado por la presión acumulada de años de gasto creciente, especialmente en materia de acogida, vivienda e integración de refugiados y migrantes, que se ha convertido en uno de los principales motores del desbordamiento presupuestario. En ciudades como Essen, con casi 600.000 habitantes, el presupuesto previsto para 2025 había sido diseñado para estar equilibrado, pero la realidad ha sido devastadora: el ejercicio arroja un déficit de 123 millones, frente al leve superávit que se esperaba.
El coste anual de la inmigración para Alemania asciende, sólo en partidas directas, a más de 50.000 millones de euros, entre ayudas sociales, alojamiento, integración y servicios. Pero existen también costes ocultos: aumento del precio de la vivienda, saturación del sistema sanitario, presión sobre el sistema educativo y un incremento significativo del gasto en prisiones y atención psiquiátrica para población extranjera. Grandes ciudades como Berlín —otra de las más afectadas— sufren «costes en espiral» que obligan a endeudarse para poder funcionar con normalidad.
En Essen, las estadísticas oficiales muestran la dimensión del desafío educativo: de los 22.730 alumnos de primaria matriculados en la ciudad, 5.565 no tienen nacionalidad alemana, lo que supone casi el 25%. Si se incluye a los niños con «origen migrante», el porcentaje asciende al 35%. Estos estudiantes requieren programas adicionales, refuerzos lingüísticos y recursos específicos que multiplican el gasto por alumno. En el ámbito social, la presión es aún mayor: el 63% de quienes reciben ayudas sociales en Alemania son extranjeros o personas con origen inmigrante, a pesar de representar una minoría de la población total.
A esta carga se suman los incrementos salariales en el sector público y el aumento de la deuda privada entre los propios ciudadanos alemanes, que ya deja a 5,7 millones de personas en situación de sobreendeudamiento, la primera subida en seis años, impulsada por el alza del alquiler, la energía y los alimentos.
La consecuencia inmediata ha sido la implantación de una gestión presupuestaria de emergencia en numerosas ciudades: sólo se pagan obligaciones legales, como salarios y ayudas sociales, y cualquier gasto superior a 5.000 euros requiere autorización especial. El mensaje que transmiten los responsables municipales es inequívoco: «No queda mucho margen«.
