El Gobierno de Andorra ha decidido dar un paso inédito en Europa: equiparar la prostitución digital con la tradicional, incluyendo dentro de esta categoría el pago por contenido sexual a través de plataformas como OnlyFans.
La medida forma parte de una reforma del Código Penal presentada por la ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, que busca adaptarse a las nuevas formas de criminalidad surgidas con la expansión del entorno digital.
A partir de esta modificación, los actos sexuales realizados a distancia mediante Internet, cuando exista interacción y remuneración, serán considerados prostitución, lo que permitirá sancionar administrativamente a los consumidores de este tipo de contenido.
El Ejecutivo justifica la reforma en la necesidad de responder a los cambios tecnológicos y sociales, pero en la práctica supone un giro significativo frente a la creciente normalización de la mercantilización sexual en plataformas digitales.
La nueva normativa también endurece las penas vinculadas a estas conductas. En los casos en los que exista proxenetismo, las penas podrán alcanzar entre dos y cinco años de prisión, mientras que el favorecimiento de la prostitución se castigará con hasta tres años de cárcel.
Además, el proyecto introduce nuevas figuras penales relacionadas con el entorno digital. Se penalizará la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, así como la manipulación de contenido para simular desnudos o actos sexuales —lo que apunta directamente al fenómeno de los llamados deepfakes. Estas conductas podrán ser castigadas con penas de hasta tres años de prisión.
El envío de material sexual sin consentimiento pasará a considerarse acoso sexual, reforzando la protección frente a este tipo de prácticas cada vez más extendidas en el ámbito digital.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la protección de los menores. Andorra elevará la edad de consentimiento sexual de 14 a 16 años, alineándose con la tendencia europea. Asimismo, se endurecen las penas contra la pornografía infantil, incluyendo cualquier material que represente de forma real o simulada a menores en situaciones sexuales.
La reforma también incorpora por primera vez la tipificación de delitos de corrupción en el ámbito privado y amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos como trata de seres humanos, blanqueo de capitales o tráfico de influencias.
En conjunto, el cambio legislativo refleja un intento de los legisladores andorranos de frenar la expansión de nuevas formas de explotación y degradación vinculadas al entorno digital, en un momento en el que la banalización del sexo convertido en mercancía online se ha normalizado en buena parte de Occidente.
