El Parlamento federal de Bélgica ha aprobado una reforma clave para reforzar la seguridad nacional que permitirá imponer prohibiciones de entrada de carácter indefinido a personas vinculadas al terrorismo o al extremismo.
La medida, impulsada por la ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, introduce un cambio sustancial respecto al marco anterior, que solo contemplaba vetos temporales.
A partir de ahora, las autoridades podrán bloquear de por vida el acceso no sólo a Bélgica, sino a todo el espacio Schengen, a aquellos individuos incluidos en la base de datos TER, el principal instrumento del país para el seguimiento de amenazas terroristas y procesos de radicalización.
Este sistema, gestionado por la Unidad de Coordinación para el Análisis de Amenazas (OCAM), centraliza información sobre perfiles de alto riesgo y es utilizado por fuerzas policiales y servicios de inteligencia.
La reforma permitirá a la Oficina de Extranjería denegar permisos de entrada o residencia a personas consideradas peligrosas, incluso si no cuentan con un estatus legal vigente. Entre los perfiles afectados se encuentran combatientes extranjeros, individuos implicados en redes yihadistas o personas que difunden propaganda extremista.
Una vez dictada la prohibición, el individuo será inscrito tanto en el Sistema de Información de Schengen como en la base de datos nacional belga, lo que impedirá su acceso a las fronteras europeas y bloqueará cualquier intento de obtener visados o permisos de residencia.
El endurecimiento de la normativa llega en un contexto en el que el nivel de amenaza en Bélgica sigue siendo considerado «grave», lo que implica que un atentado es posible y probable.
La ley ha salido adelante con el respaldo de la mayoría gubernamental y el apoyo de formaciones como Vlaams Belang, mientras que partidos de izquierda como el Partido Socialista, el PTB o Ecolo-Groen votaron en contra.
Desde el Ejecutivo, la reforma se enmarca en un giro más amplio hacia políticas migratorias y de seguridad más estrictas, con el objetivo de impedir la entrada de individuos potencialmente peligrosos antes de que puedan actuar.
En paralelo, el Parlamento belga estudia nuevas medidas que permitirían a los jueces acceder a información clasificada en casos relacionados con inmigración y seguridad nacional, profundizando así en una estrategia que busca anticiparse a la amenaza en lugar de reaccionar a ella.
