El coste de alojar inmigrantes en Berlín se ha disparado hasta rozar los 1.000 millones de euros anuales, según datos oficiales confirmados por el Senado de la ciudad a la agencia dpa y recogidos por Die Welt. En 2024, la capital alemana destinó 883 millones de euros a alojamiento para inmigrantes, frente a los 312 millones que gastaba en 2020, lo que supone casi triplicar el desembolso en apenas cuatro años.
El aumento del gasto se produce en un contexto de graves tensiones presupuestarias, con Berlín acumulando deuda y aplicando recortes drásticos en sectores clave como la educación, la cultura o el transporte público. Sólo en cultura, los recortes superan los 130 millones de euros, afectando a universidades, instituciones culturales y servicios públicos.
Los grandes centros de acogida concentran una parte sustancial del gasto. El complejo de Tegel, por sí solo, ha supuesto alrededor de 260 millones de euros en 2024, mientras que instalaciones como Tempelhof mantienen también costes extraordinariamente elevados para las arcas públicas.
Si se amplía la mirada, el panorama es aún más preocupante. El gasto anual en alojamiento, atención e integración de refugiados en Berlín casi se duplicó entre 2022 y 2025, hasta alcanzar los 2.240 millones de euros. En un momento dado, el Gobierno regional llegó a plantearse incluso declarar una situación de emergencia para acceder a préstamos extraordinarios con los que financiar el sistema.
Pese a ello, la coalición gobernante CDU–SPD asegura que el gasto es asumible y ha reservado hasta 870 millones de euros anuales en el presupuesto bienal de 2026–2027 como colchón ante futuras necesidades adicionales. Una previsión que llega mientras la ciudad trata de tapar un agujero presupuestario de 3.000 millones de euros.
La contradicción es evidente: más dinero para inmigración y menos recursos para los ciudadanos. Mientras Berlín recorta ayudas a universidades, reduce subvenciones culturales y paraliza proyectos de movilidad, sigue priorizando el alojamiento de inmigrantes, incluso en hoteles, edificios de oficinas y complejos de alto coste.
El creciente rechazo social a esta política ya se refleja en las encuestas, con un cambio de tendencia claro en la opinión pública alemana, cada vez más crítica tanto con la inmigración legal como con la ilegal, tras años de promesas incumplidas sobre sus supuestos beneficios económicos.
Como dato positivo para las autoridades, el número de inmigrantes acogidos en Berlín descendió por primera vez en 2024. Ese año llegaron algo más de 21.000 personas, un tercio menos que en 2023, y la tendencia a la baja continúa en 2025, con 11.700 llegadas hasta octubre.
Aun así, a mediados de noviembre 36.851 personas seguían alojadas en centros gestionados por la Oficina Estatal de Asuntos de Refugiados (LAF), repartidas entre albergues de emergencia, viviendas modulares, residencias colectivas, hoteles alquilados y antiguos edificios administrativos.
Aunque la coalición de Gobierno ha acordado pausar temporalmente la creación de nuevos centros, la medida llega tras años de decisiones que han priorizado de forma sistemática a los inmigrantes sobre los propios berlineses. No en vano, a comienzos de 2025, Berlín y Hamburgo fueron duramente criticadas por destinar viviendas nuevas y de alta calidad a inmigrantes mientras miles de ciudadanos alemanes sufrían una crisis habitacional, aumento del sinhogarismo y exclusión del acceso a vivienda.
