El precio del huevo en España ha aumentado un 25% en las últimas semanas. Una subida que se explica por la política agraria comunitaria, impulsada desde la Comisión de Ursula von der Leyen bajo el paraguas del Pacto Verde y la Agenda 2030, que impone un modelo ideológico cada vez más hostil para el productor europeo.
España es el tercer productor de huevos de la Unión Europea —por detrás de Francia y Alemania—. En el año 2023 las granjas españolas generaron 1.164 millones de docenas, con una facturación superior a los 2.278 millones de euros. El 20% de esta producción se exporta a países comunitarios. El huevo fue el alimento que más creció en volumen en los hogares españoles.
Uno de los principales objetivos de la Comisión Europea es eliminar el uso de jaulas en las granjas de gallinas ponedoras. La aplicación carece de realismo económico. Desde COPA-COGECA, organización que agrupa a agricultores y cooperativas agrícolas europeas, se ha solicitado una moratoria de 20 años para adaptar el modelo productivo, pero Bruselas ha ignorado la petición.
La reconversión de instalaciones requiere inversiones millonarias que las pequeñas y medianas explotaciones no pueden asumir. Esto encarece sus costes, reduce su competitividad y favorece la concentración del mercado en manos de grandes corporaciones, con el consiguiente riesgo de desaparición del productor familiar.
En España, la situación es aún más compleja. Las federaciones del sector, Federovo y ASEPRHU, denuncian que abrir una nueva granja puede tardar entre cuatro y cinco años debido a la «maraña burocrática» que exigen desde Bruselas. Ampliar instalaciones ya existentes resulta igualmente complicado «por la presión constante de los grupos ecologistas sobre las administraciones autonómicas y locales».
Las jaulas no son la única carga. La Comisión ha aprobado nuevas normativas que imponen, por ejemplo, el control de temperatura en el transporte animal —especialmente costoso en países como España— y ha extendido las obligaciones de la directiva sobre emisiones industriales a granjas con más de 21.000 gallinas, umbral mínimo para que una explotación sea rentable.
Estas exigencias no vienen acompañadas de fondos. El dinero destinado desde la PAC al bienestar animal es prácticamente inexistente, y la Comisión ha anunciado, además, la reducción de la cofinanciación de programas veterinarios en los Estados miembros. En casos como la gripe aviar, las ayudas llegan cuando el brote ya ha causado estragos, no cuando la prevención puede evitar el desastre.
La amenaza es aún mayor en las fronteras comunitarias. Ucrania, por ejemplo, sigue utilizando jaulas prohibidas en la UE desde hace más de 20 años y exporta masivamente huevos a precios irrisorios. En el caso de la carne de ave, uno de cada cuatro pollos consumidos en Europa procede de países como Brasil, Tailandia o la propia Ucrania, donde las garantías sanitarias son muy discutibles.
La presión regulatoria y fiscal, unida a la falta de ayudas y al entorno hostil hacia el productor, ha empujado al sector hacia la deslocalización. Marruecos, por ejemplo, permite prácticas prohibidas en la UE, tiene menores costes laborales y fiscales, y podría convertirse en un destino preferente para la industria avícola. El resultado sería doblemente perjudicial: pérdida de empleos rurales en Europa y renuncia al control sanitario sobre productos esenciales en la dieta europea.
