La presión regulatoria de Bruselas sobre los conductores no cesa. Tras las restricciones a los vehículos diésel, los peajes urbanos y el encarecimiento progresivo del combustible, ahora la UE pone la mira en el mercado de coches usados, el único que seguía creciendo en plena crisis de movilidad. Su objetivo: reducir drásticamente su presencia, incluso si cuentan con la ITV en vigor.
Con un parque automovilístico envejecido —en España la media supera ya los 14 años— y una clase media asfixiada por los precios del coche eléctrico, la Comisión Europea ha optado por un nuevo mecanismo para retirar vehículos de la circulación: la creación de un certificado obligatorio que determine si un automóvil ha llegado o no al final de su vida útil.
Este documento, que deberán emitir las ITV o talleres autorizados, será imprescindible para vender un coche de segunda mano. Si el vehículo no supera esta nueva prueba, será automáticamente condenado al desguace, aunque cumpla con las revisiones técnicas establecidas por ley. La Comisión Europea avanza así en una iniciativa que lleva años en estudio y que, de aplicarse, provocará una retirada masiva de vehículos funcionales, especialmente entre las familias con menos recursos.
El pretexto oficial: rejuvenecer el parque móvil y acelerar la transición ecológica. La realidad: un nuevo golpe al bolsillo de millones de ciudadanos que no pueden permitirse un coche nuevo. Actualmente, en España se venden dos coches usados por cada uno nuevo, un indicador claro de la imposibilidad creciente de acceder a vehículos eléctricos, cuyo precio se ha incrementado en torno a un 40 % desde 2020.
Ante el estancamiento del coche eléctrico, Bruselas no rectifica: aprieta aún más la regulación para forzar el cambio a golpe de decreto, aunque ello implique convertir a miles de propietarios en infractores involuntarios o privarlos de su único medio de transporte.
La implantación del certificado de “vida útil” no tiene aún fecha definitiva, pero forma parte de una hoja de ruta que busca restringir, encarecer o directamente eliminar el uso de vehículos de combustión, incluso en el mercado de segunda mano.
