Bruselas no sólo legisla ni se limita a coordinar políticas entre Estados miembros. En los últimos años ha ido construyendo una arquitectura mucho más ambiciosa y, sobre todo, menos visible: un sistema capaz de fijar los límites del discurso público, influir en cómo se forman las opiniones políticas y condicionar el terreno sobre el que se desarrollan las elecciones.
Ese sistema no descansa en una única institución, sino en un entramado cada vez más denso. Instituciones europeas, grandes plataformas tecnológicas, ONG financiadas con fondos públicos y redes de verificadores operan de forma coordinada para decidir qué es información legítima y qué debe ser retirado del debate. Ninguno de estos actores ha sido elegido directamente por los ciudadanos, pero todos intervienen de forma decisiva en la conversación pública y en la delimitación de lo políticamente aceptable.
Así lo describe el doctor Norman Lewis, uno de los responsables del Observatorio de Injerencias Electorales del think tank MCC Brussels durante un seminario organizado por el Centro de Derechos Fundamentales. «Ninguna de ellas ha sido elegida. No son responsables ante nadie», afirma, al señalar que este entramado actúa como «juez, jurado y ejecutor al mismo tiempo».
De la libertad de expresión al «servicio» regulado
El punto de partida de esta arquitectura se presenta como una reforma técnica. Se llama Acta de Servicios Digitales. Sin embargo, según Lewis, el propio lenguaje revela el cambio de paradigma. Ya no se habla de libertad de expresión, sino de «servicios», un término que redefine el sentido del discurso público.
«Tratan el habla como un servicio, como una utilidad», explica. Esa transformación no es meramente semántica. Supone que el discurso deja de entenderse como un derecho político fundamental y pasa a gestionarse como un producto sujeto a condiciones, supervisión y sanciones.
En ese esquema, las grandes plataformas tecnológicas se convierten en ejecutores de facto. No actúan desde la neutralidad ni por iniciativa propia, sino bajo una presión regulatoria constante. Si no eliminan contenidos señalados como problemáticos, se enfrentan a multas que pueden alcanzar el 6% de sus ingresos globales, una cifra que, en muchos casos, supera lo que generan en el mercado europeo.
La consecuencia es un modelo en el que la censura no se presenta como censura, sino como cumplimiento normativo. «Lo presentan como protección de la libertad de expresión, pero en realidad es censura delegada en Big Tech», advierte.
El circuito cerrado de verificadores, financiación pública y control del relato
Sobre ese primer nivel se superpone una red de «alertadores de confianza», organizaciones con capacidad para señalar contenidos como desinformación o discurso de odio y forzar su retirada inmediata. Su intervención activa automáticamente la maquinaria de las plataformas, que deben reaccionar bajo amenaza de sanción.
El elemento más significativo no es sólo su poder, sino su origen. Parte de estas organizaciones han sido financiadas por la propia Unión Europea a través de distintos programas. Esto genera un circuito cerrado en el que quienes participan en la construcción del discurso también actúan como árbitros de sus límites.
Las instituciones financian proyectos, esos proyectos crean redes y organizaciones, esas organizaciones intervienen en el control del contenido y, a su vez, validan la necesidad de ampliar el sistema. El proceso se retroalimenta sin un control externo efectivo. «Los mismos que educan son los que deciden qué se puede decir», denuncia Lewis.
Moldear a los ciudadanos desde la base
La dimensión más profunda de este modelo no se limita al espacio digital ni al momento electoral. Se sitúa antes, en la formación de las percepciones. En la última década, Bruselas ha destinado alrededor de 650 millones de euros a proyectos vinculados al discurso de odio y la desinformación, muchos de ellos dirigidos de forma específica a jóvenes.
No se trata sólo de informar o prevenir, sino de establecer marcos mentales. Estos programas delimitan qué ideas son aceptables, qué discursos deben ser rechazados y qué posiciones quedan fuera del debate legítimo. Según Lewis, el problema no es sólo el contenido, sino la ausencia de un principio fundamental: la defensa de la libertad de expresión como base del sistema democrático.
«No educan en la importancia de la libertad de expresión, sino en la narrativa de Bruselas», sostiene, al definir este proceso como una forma de «adoctrinamiento«.
Aquí aparece una de las claves de su diagnóstico. El control no empieza en las urnas ni en los medios. Empieza en la socialización. «Es la socialización de los niños europeos para que piensen de una determinada manera«, explica, al advertir de un proceso que busca moldear el pensamiento desde edades tempranas.
El miedo de las élites tras el Brexit y la pérdida del control del relato
En la base de todo este sistema se encuentra, según el doctor, una concepción del poder que parte de una profunda desconfianza hacia los ciudadanos. «No podemos confiar en la gente normal«, resume, al describir una lógica institucional que considera necesario guiar, supervisar y, en última instancia, limitar la capacidad de decisión de la población.
Esa lógica se intensifica tras un momento concreto: el referéndum del Brexit en 2016. Aquel proceso no sólo supuso una ruptura política, sino una señal de alarma para las élites europeas. Por primera vez de forma clara, amplios sectores de la sociedad dejaron de seguir el relato dominante y situaron en el centro del debate cuestiones como la inmigración, la soberanía o la economía.
Lewis subraya un dato revelador. Una de las principales preocupaciones reflejadas en las búsquedas de los ciudadanos era la inmigración, lo que muestra que el debate no respondía a una manipulación externa, sino a inquietudes reales. «Fue el ejercicio más democrático en la historia de Inglaterra», afirma.
Ese momento marca un punto de inflexión. Las élites perciben que están perdiendo el control del relato y que emergen alternativas políticas que cuestionan su posición. La reacción no es abrir el debate, sino reforzar los mecanismos de control.
Injerencias sin pruebas y un sistema que decide qué es legítimo
A partir de ahí, el sistema incorpora otro elemento clave: la construcción de narrativas sobre injerencias extranjeras. Según Lewis, estas narrativas no necesitan pruebas sólidas para ser eficaces. Su objetivo es otro: instalar una sospecha permanente sobre determinadas opciones políticas.
«No necesitan pruebas, necesitan establecer la idea de que hay manipulación», advierte.
El efecto es profundo. Se desplaza el foco del debate desde los problemas reales hacia la supuesta interferencia externa. Al mismo tiempo, se desacreditan determinadas posiciones y se limita su legitimidad antes incluso de que se produzca la confrontación política.
De este modo, el control del discurso se convierte en control del campo político. Se define qué ideas entran dentro del marco aceptable y cuáles quedan fuera. Se condiciona el terreno antes de que los ciudadanos puedan decidir.
Un sistema cerrado que se protege a sí mismo
El resultado final es, en palabras del propio Lewis, «un sistema cerrado» en el que instituciones, organismos financiados y plataformas tecnológicas se refuerzan mutuamente.
No se trata de piezas independientes, sino de una estructura que se valida a sí misma. Los informes justifican nuevas medidas, las organizaciones financiadas respaldan esos informes y las instituciones amplían su capacidad de intervención en base a ese consenso interno.
En ese contexto, el control del discurso deja de ser una herramienta secundaria y pasa a convertirse en el eje central del poder político. No es un complemento del sistema, sino la condición que permite su continuidad.
«Están luchando por su supervivencia«, advierte Lewis, al describir la reacción de unas élites que perciben amenazada su posición.
La consecuencia, según su análisis, va más allá de la regulación o de la tecnología. Afecta a la propia definición de democracia en Europa y al papel que los ciudadanos pueden desempeñar en ella.
«Esto es una batalla a vida o muerte por el futuro de la democracia«, concluye.
