La Comisión Europea ha redoblado su ofensiva regulatoria contra las redes sociales y ha exigido a la plataforma X —propiedad de Elon Musk— el pago de una multa de 120 millones de euros, incluso después de que la compañía haya recurrido la sanción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El caso se ha convertido en uno de los ejemplos más claros del nuevo modelo de control digital impulsado desde Bruselas, que utiliza la Ley de Servicios Digitales (DSA) para intervenir en el funcionamiento interno de las plataformas tecnológicas.
La multa fue impuesta en diciembre tras acusar a X de incumplir las normas europeas relacionadas con el diseño del sistema de verificación de cuentas, el conocido «check azul». Según la Comisión, el sistema introducido tras la compra de la red social por parte de Musk podría resultar «engañoso», ya que permite a los usuarios obtener la verificación mediante pago.
Sin embargo, la plataforma ha defendido que se trata de una forma transparente de financiación del servicio y ha presentado un recurso ante el máximo tribunal de la UE. Pese a ello, Bruselas mantiene la presión. El portavoz de la Comisión para asuntos digitales, Thomas Regnier, confirmó que la multa debe abonarse antes del 16 de marzo, independientemente de que el procedimiento judicial siga en curso.
«X ha presentado propuestas de modificación relacionadas con el sistema de verificación. La Comisión evaluará cuidadosamente esos remedios», señaló. La Comisión Europea también ha dado a la empresa hasta el 28 de abril para introducir más cambios en su funcionamiento, en relación con otros supuestos incumplimientos del reglamento.
La sanción es especialmente relevante porque se trata de la primera multa impuesta bajo la Ley de Servicios Digitales, una normativa que amplía de forma significativa la capacidad de las instituciones europeas para supervisar y sancionar a las grandes plataformas tecnológicas.
Desde la llegada de Elon Musk a la dirección de la compañía, X se ha convertido en una de las pocas grandes redes sociales que ha defendido una mayor apertura del debate público y una reducción de los mecanismos de censura ideológica que dominaron el ecosistema digital durante la última década.
Precisamente por ello, la confrontación con Bruselas ha sido interpretada por numerosos analistas como un pulso político sobre el futuro de la libertad de expresión en internet en Europa. La disputa entre la Comisión Europea y X podría marcar el inicio de una nueva etapa de conflicto entre las instituciones comunitarias y las plataformas tecnológicas que se resisten a someterse al modelo regulatorio europeo.
