La Unión Europea vuelve a estar bajo presión por su deriva regulatoria sobre la libertad de expresión. En su revisión del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), Bruselas ha ignorado —según organizaciones de derechos civiles, académicos y expertos internacionales— las crecientes preocupaciones sobre censura, control del discurso público y el avance de un modelo de vigilancia digital paneuropeo.
El informe publicado por la Comisión Europea y por la Junta de Coordinadores de Servicios Digitales insiste en que el DSA defiende los «derechos fundamentales». Sin embargo, los requisitos impuestos a las grandes plataformas revelan lo contrario: se les exige mitigar «desinformación», «odio», «acoso», «violencia de género online», «riesgos para menores», «manipulación electoral» y «desinformación sanitaria», categorías amplias, subjetivas y políticamente interpretables.
Para organizaciones como ADF International, con sede en Viena, Bruselas está ignorando deliberadamente las advertencias de expertos de medio mundo. Recuerdan que en octubre una carta abierta firmada por académicos, periodistas y dirigentes políticos pidió a la Comisión proteger la libertad de expresión y corregir los excesos del DSA.
Más de 50 ONG europeas alertaron en septiembre de que términos tan amplios como «riesgos sistémicos» y «desinformación», unidos al papel de los llamados «trusted flaggers», pueden vulnerar el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales al incentivar la censura indirecta.
ADF acusa a la Comisión de falsa neutralidad. El DSA no es «agnóstico», advierte, sino una arquitectura que permite la censura por delegación, el exceso regulatorio y un impacto extraterritorial que ya preocupa a países como Estados Unidos. La organización denuncia que Bruselas no evaluó el DSA a la luz de la libertad de expresión, pese a que se le pidió formalmente.
Más inquietante aún es que la Comisión aboga ahora por reforzar aún más la coordinación regulatoria, avanzar hacia mecanismos de «ventanilla única» europea y estrechar la supervisión de los contenidos a escala continental. Para los defensores de la libertad de expresión, esto ampliaría los problemas en lugar de resolverlos.
Adina Portaru, asesora jurídica senior de ADF International, advierte de que la UE ha ignorado las preocupaciones «bien fundamentadas» sobre censura expresadas por gobiernos aliados, grandes tecnológicas y expertos independientes. «El DSA podría convertirse en el mayor régimen de censura del mundo occidental», asegura. También denuncia que las categorías perseguidas por el reglamento son «determinaciones normativas contestadas» y que su alcance global amenaza con imponer un estándar europeo de moderación en todo el planeta.
En Estados Unidos, donde buena parte del contenido señalado por el DSA es discurso legal protegido por la Primera Enmienda, la tensión crece. Legisladores estadounidenses ya acusaron a Bruselas de impulsar «censura respaldada por el Estado» bajo el pretexto de combatir la desinformación.
