La Unión Europea dará un nuevo paso en su creciente regulación del automóvil a partir del próximo 7 de julio de 2026, fecha en la que entrará en vigor la fase definitiva del Reglamento General de Seguridad.
Desde ese día, tal y como recoge El Debate, ningún automóvil nuevo podrá matricularse en territorio comunitario si no incorpora el paquete completo de Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), incluso cuando el modelo esté construido sobre una plataforma homologada antes de 2024.
La medida pone fin al periodo de transición concedido a los fabricantes y añade nuevas obligaciones tecnológicas a las ya asumidas por los conductores, como la controvertida baliza V16 conectada exigida en España.
Las nuevas exigencias afectarán a los vehículos de nueva matriculación. Por tanto, los propietarios de automóviles ya en circulación no tendrán que instalar retroactivamente todos estos dispositivos.
Control de velocidad y caja negra
Entre los sistemas obligatorios figura el asistente inteligente de velocidad, una tecnología que utiliza cámaras o mapas digitales para detectar el límite establecido en cada vía y advertir al conductor cuando lo supera.
También será indispensable incorporar un registrador de datos de incidencias, conocido como caja negra, destinado a almacenar determinada información técnica de los momentos anteriores y posteriores a un accidente.
La normativa extiende oficialmente esta obligación a los vehículos pesados, incluidos camiones y autobuses.
Los nuevos automóviles deberán disponer asimismo de frenada automática de emergencia con capacidad para detectar peatones y ciclistas, asistente de mantenimiento de carril y sensores que alerten de la fatiga o pérdida de atención del conductor.
Luces de freno intermitentes
Otra de las novedades será la señal de parada de emergencia o luz de freno adaptativa. El sistema hará que las luces traseras parpadeen de forma rápida y automática cuando el vehículo detecte una frenada brusca, con el objetivo de advertir a quienes circulen detrás.
Bruselas defiende estas tecnologías como una herramienta para reducir los accidentes. Sin embargo, las nuevas obligaciones también elevan la complejidad electrónica de los vehículos y pueden repercutir en los costes de fabricación, mantenimiento y reparación.
Respecto al etilómetro antiarranque, la UE no obliga a que los coches particulares incluyan un alcoholímetro físico de serie.
La exigencia se limita a la preinstalación de una interfaz técnica que permita conectar posteriormente un dispositivo de bloqueo, por ejemplo, cuando así lo ordene una autoridad judicial.
