Una nueva medida de la Comisión Europea llamada ‘Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad’ obligará a todas las compañías que tengan más de 1.000 empleados y 450 millones de facturación a comprobar si todos sus proveedores respetan los derechos humanos y previenen los impactos ambientales negativos en su actuación. Aunque su aplicación se centra en grandes corporaciones, la normativa de Bruselas tendrá un efecto dominó que terminará afectando a multitud de pequeñas y medianas empresas, generando incertidumbre y aumentando la carga administrativa.
Esta directiva, aprobada por el Parlamento Europeo a mediados de 2024, ha cobrado un protagonismo inesperado en el actual contexto de tensiones comerciales. Con la reciente imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos, la Unión Europea se enfrenta a una escalada en la guerra comercial que impactará especialmente en las compañías exportadoras. En este clima de creciente proteccionismo, muchas voces dentro del sector empresarial consideran que la normativa de Bruselas añadirá una nueva barrera a la competitividad de las firmas europeas.
El Club de Exportadores e Inversores, que representa a compañías con más de 800.000 empleados y una facturación equivalente al 20% del PIB español, advierte que la normativa implicará exigencias adicionales para las pymes. Las empresas sujetas a la regulación estarán obligadas a garantizar que sus proveedores, e incluso los proveedores de estos, implementen mecanismos similares de control y verificación. Según la organización, esto supondrá un aumento de costes operativos y de complejidad burocrática que podría restringir el acceso de muchas pequeñas empresas a los mercados internacionales, afectando su competitividad y capacidad de expansión.
Más allá de las dificultades administrativas, el cumplimiento de la directiva requerirá que las compañías establezcan planes de contingencia, incluyan cláusulas específicas en los contratos con proveedores y, en algunos casos, rescindan acuerdos comerciales con socios que no se adapten a los requisitos exigidos. A esto se suma la obligación de prestar apoyo a pequeñas empresas para que puedan adecuarse a la nueva normativa, lo que incrementará aún más la carga económica sobre las grandes corporaciones.
A pesar de las numerosas críticas, Bruselas mantiene firme su postura y prevé mecanismos de supervisión y sanción para quienes no cumplan con las disposiciones establecidas. La normativa contempla la creación de organismos de control en cada uno de los 27 países miembros, encargados de vigilar su correcta aplicación.
