Las consecuencias del acuerdo con Mercosur ya empiezan a notarse en la alimentación europea. Apenas diez días después de la entrada en vigor provisional del pacto comercial entre Bruselas y los países del Mercosur (1 de mayo de 2026), varios incidentes de seguridad alimentaria han puesto en alerta a las autoridades sanitarias de distintos Estados miembros y han reavivado las críticas de quienes alertaban sobre los riesgos de importar productos con estándares de control más laxos.
El primer caso se registró en Grecia. La primera partida de pollo congelado procedente de Brasil —unas cinco toneladas— fue analizada en los laboratorios veterinarios de Agia Paraskevi, cerca de Atenas. Los resultados revelaron salmonella en el 80% de las muestras, es decir, unas tres toneladas contaminadas. La carga fue rechazada de inmediato y devuelta al origen, según confirmaron medios griegos y la propia Federación Panhelénica de Ingenieros Geotécnicos Públicos. El incidente coincide con la apertura de las cuotas de importación de ave previstas en el acuerdo, que contempla hasta 180.000 toneladas anuales sin aranceles.
Poco después trascendió otro problema grave con carne de vacuno brasileña. Durante los últimos meses, Holanda, Irlanda y otros países detectaron 62 toneladas de carne contaminada con estradiol (oestradiol 17β), una hormona de crecimiento prohibida en la Unión Europea desde 1981 por su carácter cancerígeno. De esa cantidad, al menos cinco toneladas ya habían entrado en la cadena alimentaria y se vendieron al consumidor antes de que se activara la alerta RASFF (Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos). La Comisión Europea ordenó el recall, pero el caso ha generado preocupación por la posible exposición de los ciudadanos a sustancias prohibidas.
En paralelo, Bulgaria detectó la primera partida de pipas de girasol procedente de Argentina contaminada con pesticidas. Los niveles de deltametrina y malatión superaban entre tres y cinco veces los límites máximos permitidos en la UE. Aunque la mercancía no se destinó al consumo humano directo y se redirigió a la producción de biodiesel, el episodio ha vuelto a cuestionar la trazabilidad y los controles fitosanitarios de los exportadores del Mercosur.
Por último, se han reportado envíos de carne de Uruguay con niveles excesivos de progesterona, otra hormona prohibida en Europa por sus riesgos hormonales y cancerígenos. Todo ello coincide con auditorías recientes de la Comisión Europea que destacan deficiencias sistemáticas en los sistemas de control de Brasil y otros socios del Mercosur.
Estos casos, aunque en ocasiones han sido resueltos por los mecanismos de control europeos, han encendido el debate político. Eurodiputados críticos con el acuerdo, como la polaca Ewa Zajączkowska, advierten que se trata sólo del principio y que la apertura de cuotas masivas sin garantías equivalentes podría comprometer la seguridad alimentaria y la competitividad del sector agropecuario europeo. La Comisión Europea, por su parte, asegura que los controles se mantendrán estrictos y que los incidentes demuestran que el sistema funciona, aunque fuentes comunitarias reconocen en privado que los primeros meses de aplicación serán clave para evaluar el impacto real.
