En una consulta escrita, el eurodiputado polaco del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, Witold Jan Waszczykowski, resaltó lo que consideró problemas con la última versión del Pacto Migratorio, como se denomina a la legislación vigente de la UE.
Uno de los problemas estaba relacionado con las «sanciones financieras» que se impondrían a los Estados miembros que rechazaran a los inmigrantes de acuerdo con la ley.
Las «sanciones» en cuestión son parte del «Mecanismo de Solidaridad» propuesto, según el cual los países de la UE tendrán la opción de acoger a los inmigrantes reubicados o pagar 20.000 euros por cada inmigrante rechazado en un fondo común de la UE.
Algunos creen que esto efectivamente implicaría reubicaciones obligatorias de manera encubierta, pero la Comisión Europea afirma que nadie está siendo obligado a hacer nada.
En respuesta a la pregunta de Waszczykowski, Ylva Johansson, la comisaria responsable de la política migratoria de la UE, escribió que la versión actual del Pacto «no incluye una sanción para los Estados miembros que no contribuyan a la solidaridad mediante la reubicación». En cambio, los estados miembros tienen la «opción … de contribuir a través de la reubicación u otros medios, en particular mediante contribuciones financieras».
La Comisión sostiene que, si bien las reubicaciones no serán obligatorias, la «solidaridad» sí lo será.
Johansson también aumentó la presión contra las naciones disidentes. Hablando a principios de julio, dijo que los países que no pagan el «dinero de solidaridad» ni aceptan inmigrantes estarán sujetos a medidas punitivas impuestas por la UE.
La posibilidad de sanciones de la UE fue confirmada tanto por Johansson como por portavoces de la CE.
Para muchos en la UE, el Pacto Migratorio propuesto se considera una buena oferta. Para los países más ricos del norte del bloque, pagar 20.000 euros se considera una ganga en comparación con los costos de acoger a inmigrantes y solicitantes de asilo.
Pero los países menos ricos del este de Europa lo ven como una mala oferta. Estarían menos dispuestos a pagar 20.000 euros por cada inmigrante rechazado.
Polonia, en particular, considera que el enfoque actual de la UE no tiene en cuenta a los millones de refugiados ucranianos que el país ya alberga.
Tras el aumento de estas discrepancias, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el pasado viernes en Roma que propondrá a los países de la UE un nuevo pacto migratorio, después de que Italia y Malta mantengan sus puertos cerrados para forzar la reubicación de inmigrantes en Europa.
Esta última versión de la ley migratoria planificada sigue causando controversia en todo el bloque. Aunque ha sido aceptada por la mayoría de los Estados miembros, aún no ha sido adoptada oficialmente por el Consejo de Ministros debido a la resistencia de países como Hungría y Polonia.
