Alemania afronta una de las mayores paradojas de su sistema migratorio: casi un millón de personas con solicitudes de asilo rechazadas siguen viviendo legalmente en el país, sin haber sido deportadas ni haber abandonado el territorio por cuenta propia. Así lo revela una respuesta oficial del Gobierno federal a una consulta de la bancada de AfD en el Bundestag, publicada por Bild.
Según el Registro Central de Extranjeros (AZR), a 31 de octubre residían en Alemania 934.553 extranjeros cuyos expedientes de asilo habían sido denegados. Son 38.488 más que en agosto de 2023, un incremento del 4% en poco más de dos años.
El dato confirma una tendencia que el Gobierno alemán no consigue revertir: la obligación de abandonar el país prácticamente no se cumple y las expulsiones se alargan, se bloquean administrativamente o simplemente no se ejecutan.
La mayoría de estos solicitantes rechazados termina quedándose en Alemania gracias a tres vías: el estatus de «tolerado» (Duldung), la concesión de algún permiso de residencia paralelo, o la imposición de una maraña burocrática que impide proceder con la expulsión.
La radiografía por nacionalidades acentúa el problema. Entre los solicitantes rechazados que permanecen en Alemania destacan: Afganos: 153.550 (16 % del total), Turcos: 93.762, Kosovares: 68.262.
Y esto ocurre además de un volumen ya altísimo de personas con protección aprobada: 2.386.267 extranjeros con estatus de asilo, entre ellos casi un millón de ucranianos, alrededor de 700.000 sirios, 350.000 afganos y casi 200.000 iraquíes y turcos.
En total, Alemania convive hoy con más de tres millones de inmigrantes procedentes del sistema de asilo, entre aceptados y rechazados. Un escenario que, lejos de estabilizarse, continúa creciendo ante la incapacidad del Gobierno de Merz para aplicar su propia legislación migratoria.
