El aumento del respaldo popular a partidos y líderes patrióticos en Europa está siendo acompañado por una campaña sistemática de descrédito por parte de los grandes medios y las instituciones comunitarias. Mientras crecen las opciones políticas que desafían al globalismo, los titulares más influyentes recurren cada vez con mayor frecuencia a términos como «ultraderecha«, «extrema derecha» o «populismo tóxico» para intentar desacreditar esos avances democráticos.
Los ejemplos abundan. Le Monde calificó la victoria del bloque patriota en Polonia como «un trueno sobre Europa»; The Economist acusó a la «extrema derecha» de hacer caer el Gobierno de los Países Bajos; y Politico llegó a advertir que la democracia británica estaría siendo amenazada por una «infección populista de ultraderecha». En Alemania, Euractiv presenta la política nacional como una «batalla contra AfD y todo lo demás».
Sin embargo, más allá del alarmismo mediático, lo que se observa es un fenómeno democrático: millones de europeos votan por fuerzas que defienden sus valores tradicionales, su soberanía y su seguridad frente a las imposiciones ideológicas de Bruselas. Polonia, Francia, Alemania, Italia o los Países Bajos son sólo algunos ejemplos de países donde las urnas están enviando un mensaje claro. Y en España, VOX representa esta corriente europea con un discurso firme en defensa de la unidad nacional, la libertad frente al totalitarismo ideológico y el control de las fronteras.
El uso del término «ultraderecha» se ha convertido en una herramienta política. Ya en 1946, George Orwell advertía de que palabras como «fascista» habían perdido todo significado preciso y sólo servían para calumniar. Hoy, «ultraderecha» cumple esa misma función: silenciar, criminalizar y censurar cualquier disidencia frente al discurso dominante.
Esta etiqueta se aplica indistintamente a padres que denuncian contenido sexual inapropiado en las escuelas, a ciudadanos que protestan contra el islamismo radical en ciudades europeas, a agricultores que se enfrentan a las exigencias del Pacto Verde, o a quienes alertan sobre los efectos de la inmigración masiva.
Y este lenguaje también se ha utilizado como coartada para vulnerar derechos fundamentales. En Rumanía se han suspendido elecciones para frenar el ascenso soberanista. En Francia se intenta vetar la candidatura del principal referente del campo nacional. En Alemania, el Gobierno estudia ilegalizar a Alternativa para Alemania (AfD), actualmente primera fuerza en intención de voto en varias regiones.
A pesar de estos intentos de marginación y censura, el respaldo ciudadano a estas ideas continúa creciendo. Las etiquetas ya no funcionan como antes: los votantes ya no aceptan que se les tache de extremistas por defender el sentido común, la libertad de expresión o la protección de sus fronteras. Frente a la imposición ideológica, la respuesta es democrática. Y cada elección lo demuestra con más claridad.
