Una mujer pensionista de 74 años ha sido detenida en Escocia por infringir la nueva legislación sobre las zonas de contención alrededor de las clínicas abortistas, convirtiéndose en la primera persona acusada bajo esta normativa. La anciana fue arrestada mientras se encontraba en las proximidades de una de estas instalaciones en completo silencio y sosteniendo un cartel que decía: «La coacción es un delito, estoy aquí para hablar, sólo si quieres».
Las autoridades escocesas han implementado esta medida con el objetivo de evitar cualquier tipo de manifestación en un radio de 200 metros de estos centros médicos. La ley, aprobada a finales del año pasado, considera una infracción cualquier acto que pueda interpretarse como «protesta», incluyendo la oración silenciosa.
El caso ha generado controversia a nivel internacional. El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, mencionó esta normativa en su reciente discurso en Múnich, señalándola como un ejemplo de la creciente represión de la libertad de expresión en Europa. Mientras tanto, diversos líderes políticos británicos han defendido la ley, argumentando que su propósito es «evitar situaciones de acoso o angustia para quienes acuden a las clínicas».
Sin embargo, organizaciones como Alliance Defending Freedom han alertado sobre las posibles implicaciones de la norma, señalando que incluso mantener una conversación privada sobre el aborto dentro del hogar con las ventanas abiertas podría llegar a ser considerado un delito en Escocia. Este grupo ha advertido que la legislación deja margen para interpretaciones restrictivas de la libertad de expresión.
Los medios de comunicación han sido cautelosos al abordar los detalles del arresto, pero el Partido de la Familia Escocesa ha difundido imágenes del incidente, mostrando a la mujer de pie en silencio mientras sostenía su pancarta. A pesar de su actitud pacífica, la parlamentaria del Partido Verde, Gillian Mackay, promotora de la ley, ha calificado la situación como «completamente vergonzosa».
Las penas previstas para quienes violen esta normativa pueden alcanzar multas de hasta £10.000 (€12.000) en casos menores, mientras que en infracciones más graves la sanción económica puede ser ilimitada, dependiendo de la evaluación judicial de cada caso.
