Los escándalos de explotación sexual infantil revelados en el Reino Unido han puesto al Gobierno de Escocia en el centro de las críticas. A medida que aumenta la presión sobre Keir Starmer para abrir una investigación pública sobre las redes de abusadores en Inglaterra, los ministros escoceses se enfrentan a preguntas sobre las medidas adoptadas para abordar un problema que también afecta a Escocia.
Investigaciones como las Operaciones Dash y Cotswold, realizadas en Glasgow y áreas cercanas, han revelado la existencia de bandas de secuestradores y explotadores. En Cotswold, al menos 26 víctimas fueron identificadas en 2011, mientras que Dash amplió su alcance a 12 ayuntamientos y cuatro juntas de salud del oeste de Escocia. A pesar de que 27 hombres fueron remitidos a la Fiscalía, sólo uno, el afgano Javaid Akhond, fue condenado, cumpliendo una pena de seis años por acosar a menores. Nunca se llevó a cabo un juicio a gran escala con varios acusados enfrentando cargos simultáneamente.
En 2016, la Operación Cerrar identificó 55 sospechosos de comunidades como la kurda, afgana, egipcia y pakistaní, y 44 víctimas, algunas de las cuales fueron atacadas por hasta 28 hombres diferentes. Sin embargo, 14 de los sospechosos fueron deportados y el resto sigue sin enfrentar un juicio colectivo. Estos casos permanecieron ocultos durante años, dejando a las víctimas y sus familias sin justicia.
Los esfuerzos del Gobierno escocés para abordar el problema han sido duramente criticados. En 2020, el informe de Barnardo’s y la Scottish Children’s Reporter Administration (SCRA) destacó la falta de acción frente a la explotación sexual infantil (CSE). Este estudio identificó casos en 27 de las 32 áreas municipales de Escocia, incluidos entornos rurales y urbanos. Según el informe, las víctimas eran frecuentemente culpabilizadas, describiendo su abuso como «conductas sexuales arriesgadas», un lenguaje que minimiza la gravedad de los crímenes.
El informe recomendaba de manera urgente un estudio nacional de prevalencia para entender la verdadera magnitud del problema. Sin embargo, cuatro años después, no está claro cuántas de las 15 recomendaciones clave se han implementado. El Grupo Nacional contra la Explotación Infantil, creado en 2016 para erradicar este problema, fue disuelto en 2020 tras publicar su informe final. Este reconocía que el alcance del abuso en Escocia podría ser similar al del resto del Reino Unido.
A pesar de múltiples advertencias, las autoridades han tardado en reaccionar. Las cifras revelan que desde 2016, la explotación sexual infantil se ha señalado como una preocupación en al menos 635 audiencias de protección infantil, con picos en 2019 y 2021. Los críticos ahora exigen que el Gobierno escocés rinda cuentas sobre las medidas tomadas y aborde de manera prioritaria la explotación fuera del sistema de acogida, donde los casos parecen ser más frecuentes.
