Un total de 22 personas fueron juzgadas el lunes en Francia por cargos de asesinato, tentativa de homicidio y otros delitos graves en un caso que ha destapado la existencia de una supuesta red criminal vinculada a una logia masónica en las afueras de París.
El proceso, que podría prolongarse durante al menos tres meses, sienta en el banquillo a acusados con perfiles muy diversos: desde miembros de los servicios de inteligencia exterior hasta policías, un exagente de inteligencia nacional, empresarios y personal de seguridad. Trece de ellos se enfrentan a penas de cadena perpetua.
Las investigaciones sitúan en el centro de la trama a varios integrantes de la antigua logia Athanor, con sede en Puteaux. Entre los principales señalados figuran Jean-Luc Bagur, Frederic Vaglio y Daniel Beaulieu, considerados los presuntos cabecillas de la organización. A ellos se suma Sebastien Leroy, señalado como ejecutor directo o coordinador de los sicarios que habrían llevado a cabo los ataques.
El caso comenzó a desmoronarse en julio de 2020, tras la detención de dos militares cerca del domicilio de la asesora empresarial Marie-Hélène Dini. Los arrestados portaban armas y aseguraron haber recibido instrucciones para asesinarla creyendo que actuaban por encargo del Estado francés, al considerar que la víctima colaboraba con servicios de inteligencia extranjeros.
A partir de ese momento, las pesquisas revelaron una red mucho más amplia. Según los investigadores, Bagur, rival profesional de Dini, habría ordenado su eliminación a cambio de una importante suma de dinero. La operación habría sido canalizada a través de Vaglio, que actuaba como intermediario con el grupo dirigido por Beaulieu, un antiguo miembro de los servicios de inteligencia.
El supuesto entramado criminal habría evolucionado con el tiempo. Lo que en un inicio se limitaba a agresiones o actos de intimidación terminó derivando en delitos más graves, incluidos asesinatos por encargo. Entre ellos destaca el del piloto de carreras Laurent Pasquali, cuyo cadáver fue hallado en 2018 en una zona boscosa y cuya muerte se vincula a una deuda pendiente.
Además, se investigan otros episodios, como ataques violentos en el marco de disputas empresariales o el incendio de un vehículo relacionado con un caso de fraude financiero. También se han documentado actos de espionaje industrial, incluyendo el asalto a una empresaria para sustraerle información sensible.
Durante los interrogatorios, Leroy admitió su implicación en varios de estos hechos, aunque aseguró haber actuado convencido de que colaboraba con organismos oficiales. Según su versión, habría sido manipulado por Beaulieu, quien le habría hecho creer que trabajaba para los servicios de inteligencia.
El caso ha generado una fuerte inquietud, especialmente por la implicación de personas vinculadas a instituciones públicas. El abogado de una de las víctimas ha subrayado la gravedad de que figuras que deberían velar por el interés general estén presuntamente relacionadas con este tipo de actividades.
Por su parte, la situación de uno de los principales acusados, Beaulieu, añade incertidumbre al proceso. Tras un intento de suicidio durante su detención, su estado de salud podría dificultar su participación activa en el juicio.
El desarrollo de las vistas será clave para esclarecer el alcance real de esta presunta organización y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados en una trama que combina crimen organizado, rivalidades empresariales y supuestas conexiones con estructuras de poder.
