En Alemania, en 2025, las autoridades constatan que el país vuelve a superar los 100.000 solicitantes de asilo, un fenómeno que se mantiene por décimotercer año consecutivo. Ocurre después de que en 2015 y 2016 entrasen más de 1,7 millones de refugiados, cuando Angela Merkel abrió la puerta a los sirios que escapaban de la guerra. A pesar de las restricciones que los distintos gobiernos han intentado imponer, el flujo no se detiene.
Las cifras oficiales hablan de más de un millón de llegadas en 2015 y otras 750.000 en 2016, aunque incluso en los organismos internos se reconoce que los registros reales pudieron ser muy superiores. Desde entonces, las entradas disminuyeron, pero los datos actuales evidencian que Alemania sigue absorbiendo cada año el equivalente a una ciudad mediana, detalla Abc.
Ni siquiera el cierre de fronteras ni los controles reforzados que Berlín activó este año han logrado contener un movimiento que responde a dinámicas globales, pero que recae sobre las autoridades locales, sometidas a una presión creciente.
En paralelo, el juicio contra un acusado que utilizó instrucciones encontradas en internet para fabricar un explosivo añadió tensión al debate. En su declaración, afirmó que actuó porque «quería hacerme el importante, para que me tomaran en serio».
Mientras tanto, las estructuras de acogida continúan desbordadas. La senadora de Asuntos Sociales de Berlín, Cansel Kiziltepe, intenta ampliar la capacidad del gigantesco complejo de contenedores instalado en las pistas del antiguo aeropuerto de Tegel, donde permanecen 3.900 refugiados ucranianos y 540 solicitantes de asilo adicionales. Unas 1.500 personas aguardan en tiendas o contenedores hasta que se les asigne una vivienda modular o habitaciones en la red de albergues.
El propio alcalde de Berlín, Kai Wegner, admitió en noviembre que las ampliaciones previstas no bastarán. Reconoció que las llegadas vuelven a aumentar y que las 16 ubicaciones planificadas solo ofrecerán “un poco de aire”, aunque el problema general persistirá.
En el barrio residencial de Blankenburg, Berlín adjudicó por 20 millones de euros la construcción de un nuevo asentamiento de contenedores para 500 personas. Las obras arrancarán en abril y el recinto quedará operativo a comienzos de 2027.
A pesar de que Alemania ha intensificado su persecución de la inmigración ilegal, la llegada de solicitantes de protección internacional continúa. La mayoría procede de Siria, Afganistán, Turquía, Somalia e Irak, en ese orden. Para frenar el flujo, el canciller Friedrich Merz impulsó una política que establece una “prohibición de facto de entrada” a quienes no presenten documentación válida y prometió que el número de deportaciones diarias superará el de entradas irregulares.
El país ha ejecutado unas 20.000 deportaciones hasta octubre, un aumento sustancial respecto a años previos. Sin embargo, ningún sirio ha sido expulsado por las limitaciones legales existentes, y cada vuelo con afganos o ciudadanos de otros países debe superar complejos obstáculos jurídicos.
La gestión de los refugiados cuesta a Alemania alrededor de 30.000 millones de euros al año, cifra que, según las previsiones oficiales, podría estabilizarse en 25.000 millones en 2028. Unos 12.000 millones se destinan a ayudas sociales —vivienda, manutención, sanidad— y el resto se reparte entre alojamiento inicial, integración, educación, seguridad y administración.
Los ayuntamientos, responsables directos de alojamiento, escolarización, guarderías, asistencia sanitaria básica y servicios sociales, continúan operando bajo una fuerte presión financiera. De hecho, la Asociación Alemana de Ciudades y Municipios reclama de forma insistente limitar la inmigración, argumentando que las capacidades locales están completamente saturadas.
A pesar de que la mayoría entra a través de países seguros de la Unión Europea, solo constaban 5.112 devoluciones aplicadas bajo el Reglamento de Dublín a finales de noviembre, según la Oficina Federal de Migración y Refugiados.
El Tribunal Constitucional complicó aún más el panorama con una sentencia favorable a un ciudadano de Guinea cuya deportación estaba prevista en 2019. La Policía tumbó la puerta del albergue cuando él se encerró en la habitación; los jueces dictaminaron que una expulsión no legitima una entrada sin orden judicial en un domicilio, lo que añade nuevas trabas a las autoridades.
Incentivos al retorno y choque con la realidad
Alemania ofrece billetes de vuelta, hasta 2.000 euros en metálico y asesoría para emprender o formarse en el país de origen, dentro de programas gestionados por la BAMF. Berlín también intenta que la UE reclasifique ciertos países como “seguros”, aunque la realidad demuestra que esas medidas apenas producen efectos.
Durante un viaje a Siria en noviembre, el ministro de Exteriores Johann Wadephul admitió que resulta casi imposible vivir allí con dignidad. Comparó las ruinas de Damasco con la Alemania devastada de 1945, unas palabras que reabrieron el debate interno sobre las políticas de retorno.
El testimonio de refugiados como Reyad Salloum, dentista en Starnberg, evidencia la situación. Explicó a ABC que no volverá a Siria bajo ningún concepto. Afirmó que ahorró cinco años para reunir los 34.000 euros necesarios para pagar su viaje y obtener visados legales para él y su esposa, además de vender su coche y su casa. “En mi barrio en Damasco no hay ni electricidad, no voy a llevar allí a mis hijos”, señaló.
