Nuevas cifras del Ministerio Federal del Interior han presentado un panorama preocupante sobre la evolución de la criminalidad vinculada a inmigrantes islamistas durante los últimos años en Alemania. Entre 2015 y 2024, más de 135.000 ciudadanos alemanes habrían sido víctimas de delitos cometidos por sospechosos procedentes de Siria, según la respuesta oficial del Gobierno a una consulta parlamentaria impulsada por el grupo de la AfD y difundida por el medio FREILICH.
El informe, que abarca casi una década, también refleja un número significativo de delitos atribuidos a personas originarias de otros países. Afganistán, con casi 83.000 víctimas alemanas registradas, ocupa el segundo lugar, seguido de Irak (69.946), Marruecos (39.918) y Argelia (32.383). En conjunto, los sospechosos de los diez principales países de origen —Siria, Afganistán, Irak, Irán, Marruecos, Argelia, Nigeria, Pakistán, Somalia y Eritrea— estarían vinculados a más de 460.000 víctimas alemanas en ese periodo.
El diputado de AfD Christopher Drößler, responsable de la iniciativa parlamentaria, considera que las estadísticas son una señal de alarma. «Los números no mienten», ha declarado al medio austriaco. A su juicio, los datos confirman que la mayoría de los afectados son ciudadanos alemanes y que el Gobierno federal debería responder con una política de deportaciones más contundente. Drößler ha pedido una «ofensiva de repatriación» centrada en los inmigrantes procedentes de los principales países implicados y ha reclamado que Berlín «cree las condiciones legales necesarias» para devolver a los delincuentes reincidentes a sus países de origen.
El Ministerio del Interior, sin embargo, ha reconocido que el seguimiento detallado de la reincidencia a lo largo del tiempo resulta actualmente inviable. Según ha explicado en su respuesta oficial, las estadísticas policiales alemanas (PKS) se elaboran de forma anual y no permiten agrupar o rastrear los delitos cometidos por una misma persona en distintos años. Además, el propio ministerio advierte que las restricciones de privacidad y las normas de protección de datos impiden la creación de un registro acumulativo, ya que podría derivar en la identificación de individuos concretos.
Más allá de los aspectos técnicos, los datos muestran un incremento constante de la delincuencia vinculada a sospechosos sirios. De acuerdo con la PKS de 2024, se contabilizaron 101.265 delitos —sin incluir infracciones relacionadas con la legislación migratoria— frente a los 94.158 del año anterior. El aumento es especialmente acusado en las categorías de delitos violentos, agresiones sexuales y robos.
En este último informe, los casos de violencia grave alcanzaron los 12.512, la cifra más alta registrada en una década. Los delitos de violación, coacción sexual y agresión sexual especialmente grave ascendieron a 648, lo que representa un incremento superior al 60% respecto a 2020. También se notificaron 9.310 casos de lesiones corporales graves o peligrosas y 2.402 robos.
Aunque el Gobierno defiende las limitaciones legales que impiden un análisis más exhaustivo, los datos han reavivado el debate político sobre la gestión de la inmigración y la seguridad interior. Desde la AfD acusan al Ejecutivo de mirar hacia otro lado, mientras que el Ministerio insiste en que cualquier modificación del sistema estadístico debe garantizar la protección de datos personales y evitar la estigmatización colectiva.
