De las algaradas francesas, destructivas como pocas, presuntamente motivadas por la muerte violenta de un adolescente norteafricano a manos de un policía, puede decirse y se ha dicho que ponen a Francia al borde de la guerra civil, que revelan la irreparable fractura social aportada por la política de fomento de la multiculturalidad y que son el signo de un fracaso irreparable que pronto podría afectar a todos los países de su entorno. Pero no se ha hablado mucho de lo que están costando, y no es poco.
En lo que va de revuelta, la «broma» asciende ya a 1.000 millones de euros, según el director de la patronal francesa Movimiento de las Empresas de Francia (MEDEF), Geoffrey Roux de Bézieux, en declaraciones a Le Parisien.
«Se saquearon más de doscientos comercios», enumera Roux de Bézieux. «Se destruyeron trescientas sucursales bancarias, se atacaron 250 estancos, todo con una violencia extrema. Robaron todo, hasta las cajas registradoras, antes de prender fuego a los comercios. Las aseguradoras están movilizadas para ir lo más rápido posible, confío bastante en que las empresas afectadas serán indemnizadas».
El optimismo de Roux de Bézieux pasa por alto que las aseguradoras suelen aumentar las primas por al mayor riesgo de futuros disturbios.
Todas estas cifras desoladoras, sin embargo, son sólo el aperitivo. No tienen en cuenta el efecto sobre el turismo, vital para Francia, ni los daños a instituciones públicas como escuelas, bibliotecas (una de las mayores del país, en Marsella, atacada por los amotinados, ya costó millones en su restauración).
«Es muy pronto para dar una cifra precisa, pero estamos hablado de más de mil millones de euros, sin contar los daños al turismo», insiste el empresario. «Los vídeos de los disturbios que circularon por todo el mundo dañan la imagen de Francia. Siempre es difícil saber si el impacto será duradero, pero sin duda habrá una caída en las reservas este verano cuando la temporada era prometedora. Los viajes ya han sido cancelados».
Por comparar, los disturbios que afectaron a 22 ciudades en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd costaron unos 2.000 millones de euros, en una estimación bastante conservadora. Francia, un país mucho más pequeño, ya ha alcanzado los 1.000 millones.
Si, como repite de continuo la propaganda, la «diversidad es nuestra fuerza», desde luego es una fuerza que puede salir muy cara. De hecho, si es cierto lo que también vocean de continuo, de que los inmigrantes vienen (o, en el caso francés, vinieron hace generaciones) para «pagar nuestras pensiones», no lo es menos que, por el momento, el saldo no es muy positivo.
En países como Francia y Alemania, el coste anual de la inmigración en vivienda, educación y prestaciones por desempleo asciende a miles de millones, un «roto» en las finanzas públicas que no ayuda, precisamente, a popularizar el fenómeno entre los nativos. Sumen ahora a todo eso el daño financiero de los disturbios franceses, junto con los importantes recursos dedicados a vigilar a estas comunidades de inmigrantes, y el resultado es el creciente descontento de los ciudadanos. Así, la gran mayoría de los franceses, incluso antes de los disturbios, decía que Francia había acogido a demasiados inmigrantes y que la inmigración había traído más desventajas que ventajas.
