Grecia, atraida por los resultados de las políticas de Giorgia Meloni, se ha unido al creciente grupo de naciones europeas que, ante la persistente presión migratoria, han decidido implementar medidas drásticas para frenar la inmigración ilegal, un fenómeno que sigue desafiando las fronteras de la Unión Europea y generando tensiones sociales y políticas. En un movimiento que refleja la frustración de los países en la primera línea de llegada, el gobierno heleno, liderado por el primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis, ha dado pasos firmes para endurecer su legislación migratoria, enviando un mensaje claro: la inmigración ilegal no será tolerada ni recompensada.
El Ejecutivo griego ha presentado recientemente un proyecto de ley que elimina cualquier posibilidad de regularización por arraigo, una vía que en el pasado permitía a los inmigrantes ilegales obtener permisos de residencia tras años de estancia en el país. Según informó el ministro de Migración y Asilo, Makis Voridis: «Permanecer sin papeles no conduce a la legalización, sino que atrae sanciones penales». El proyecto, que se espera sea votado en el Parlamento en junio, introduce penas severas para quienes ingresen o permanezcan en Grecia de manera ilegal. Entre las medidas destacadas, se contemplan condenas de al menos tres años de prisión y multas de 10.000 euros, sin posibilidad de suspensión o conmutación de la pena. Además, el tiempo máximo de detención administrativa para inmigrantes indocumentados se extenderá de 18 a 24 meses, una decisión que busca disuadir a quienes intenten cruzar las fronteras griegas sin autorización.
Voridis ha subrayado que estas medidas no sólo pretenden reforzar el control migratorio, sino también desalentar a las redes de tráfico de personas que lucran con todo el entramado criminal que rodea a la inmigración ilegal. «El que entra ilegalmente debe saber que no habrá regularización, solo consecuencias», afirma el ministro.
A este endurecimiento legislativo se suma otra medida reciente. Según declaraciones oficiales recogidas por uno de los principales medios de comunicación en Grecia, el gobierno heleno ha rechazado las solicitudes de Berlín para retornar a inmigrantes ilegales bajo el Reglamento de Dublín, que estipula que el país de primera entrada en la UE es responsable de procesar las solicitudes de asilo. Atenas argumenta que ya soporta una carga desproporcionada como puerta de entrada al bloque, especialmente a través de sus islas en el mar Egeo, y que la prioridad debería ser reforzar las fronteras externas y establecer acuerdos migratorios con países de tránsito como Libia. «No podemos ser el almacén de Europa para los migrantes», ha declarado un portavoz del gobierno griego, subrayando la necesidad de una mayor solidaridad entre los estados miembros de la UE y una estrategia más efectiva para gestionar los flujos migratorios.
A pesar de las críticas, los datos sugieren que las políticas disuasorias están surtiendo efecto. Según cifras de ACNUR consultadas por LA GACETA, la inmigración ilegal a las islas griegas ha disminuido un 20% en el último año, pasando de 17.506 llegadas entre enero y mayo de 2024 a 14.052 en el mismo período de 2025. Este descenso se atribuye a una combinación de factores: un control fronterizo más estricto, patrullas marítimas intensificadas en el mar Egeo y una cooperación renovada con Turquía, que ha reducido las salidas desde sus costas. Sin embargo, la ruta desde Libia sigue siendo un desafío, con embarcaciones que continúan llegando a islas como Lesbos, Samos y Chíos.
Mientras Grecia refuerza sus fronteras y su legislación, el debate sobre la inmigración ilegal permanece abierto. Las medidas adoptadas reflejan una tendencia creciente en Europa, donde países como Italia, Hungría, Dinamarca, Portugal y Polonia también han endurecido sus políticas migratorias. Mientras tanto, países como España, continúan caminando en la dirección opuesta, convirtiéndose en la alternativa a los Estados mencionados para las mafias de la inimgración ilegal que sigue tejiendo sus redes en todo el continente africano y múltiples países de Oriente Medio.
