El fanatismo climático promovido por Bruselas y la persecución contra la industria del automóvil provocarán más de 40.000 despidos en Europa antes del final de esta década. La reconversión forzosa hacia el vehículo eléctrico, impulsada sin red de seguridad por las autoridades comunitarias, está desatando una ola de cierres, reestructuraciones y ajustes de plantilla que golpea ya a fabricantes y proveedores en todo el continente. Y lo peor, según coinciden sindicatos e industriales, aún está por venir.
Aunque se argumenta que los vehículos eléctricos requieren menos piezas y, por tanto, menos operarios, lo cierto es que el problema va mucho más allá. A las ventas estancadas por la falta de infraestructura de recarga y el encarecimiento de los modelos, se suman ahora la irrupción masiva de fabricantes chinos y nuevas tensiones comerciales con Estados Unidos, que ha elevado al 25% los aranceles a las importaciones de automóviles y componentes, afectando especialmente a la industria europea.
En este contexto, Alemania es el país donde los recortes están siendo más drásticos. Audi, del grupo Volkswagen, ha anunciado la supresión de 7.500 empleos en áreas indirectas antes de 2029. Bosch, referencia mundial en fabricación de componentes, recortará 5.500 puestos de trabajo, 3.000 de ellos en suelo alemán. Y Ford, que mantiene intacta su factoría en Almusafes (Valencia), despedirá a 4.000 trabajadores en el país germano dentro de su plan para reducir en un 14 % su presencia en Europa.
España, aunque todavía en una fase menos crítica, también está comenzando a notar los efectos del tsunami. El fabricante de neumáticos Bridgestone ha pactado con los sindicatos la salida de 420 empleados entre las plantas de Basauri (Vizcaya) y Puente San Miguel (Cantabria). En Galicia, Stellantis Vigo ha planteado un ERE que afecta a medio centenar de trabajadores, mientras Forvia, en Ourense, recortará otros 25 puestos.
Las cifras globales de despidos ya superan los 36.000 y se acercan velozmente a los 40.000. Y eso sin contar los recortes previstos por Nissan, que ha puesto en marcha un agresivo plan de reestructuración a escala mundial que afectará a 20.000 empleos. Tras cerrar sus operaciones en Barcelona en 2021, ahora están bajo amenaza sus plantas de Ávila y Cantabria, donde trabajan más de 1.000 personas. La firma japonesa también prevé clausurar siete centros de producción y reducir un 30 % su capacidad fabril, salvo en China.
En el norte de Europa, la situación tampoco es alentadora. Volvo Cars, bajo el control del conglomerado chino Geely, eliminará cerca de 3.000 empleos en Suecia, lo que representa un 15% de su personal de oficina. Mientras tanto, Northvolt, que aspiraba a liderar la producción europea de baterías eléctricas, despedirá a 1.600 trabajadores tras sufrir un desplome en ventas y multiplicar por tres sus pérdidas, que ya superan los 1.000 millones de euros.
El epicentro de esta crisis es la transición ecológica dictada desde Bruselas, que está acelerando el desmantelamiento de un sector clave para la economía europea sin garantizar una alternativa realista. Cada vez más voces denuncian que la agenda verde no solo amenaza millones de empleos, sino que abre la puerta a una dependencia industrial del mercado chino.
