Más de un millón de extranjeros están cobrando prestaciones en el Reino Unido, con un coste que supera los 7.500 millones de libras anuales. Así lo revela un análisis del Centre for Migration Control (CMC), que pone en evidencia cómo determinados grupos de inmigrantes solicitan ayudas en una tasa muy superior a la de los ciudadanos británicos.
Los datos del Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) muestran que en 2023 los hogares con al menos un beneficiario extranjero recibieron 7.600 millones de libras en universal credit, una prestación destinada a quienes tienen bajos ingresos o están desempleados. Todo esto mientras el primer ministro Keir Starmer ha anunciado recortes en el gasto social por valor de hasta 6.000 millones de libras, lo que afectará directamente a millones de ciudadanos británicos.
El informe del CMC desvela que 40 nacionalidades cobran estas ayudas en una proporción mayor que los británicos, y que tres de ellas —congoleños, iraquíes y afganos— solicitan ayudas a una tasa cuatro veces superior.
El análisis también detalla que Polonia es la nacionalidad con más beneficiarios en términos absolutos, con 89.040 perceptores de ayudas, seguida de Pakistán (85.881), Bangladesh (54.589), Rumanía (45.727), India (33.561), Portugal (32.063), Nigeria (23.627) e Irlanda (17.933).
Sin embargo, en términos proporcionales, los congoleños lideran la lista con 445 beneficiarios por cada 1.000 residentes en el Reino Unido, seguidos de iraquíes (434), afganos (414), argelinos (361), eritreos (355) y sirios (352). Mientras tanto, la media británica se sitúa en 100 beneficiarios por cada 1.000 habitantes.
Un coste en aumento por la inmigración masiva
El gasto en prestaciones para extranjeros no incluye los 5.400 millones de libras adicionales destinados a alojar y mantener a más de 100.000 solicitantes de asilo. Esta cantidad se ha multiplicado por cinco en los últimos cinco años, impulsada por la política migratoria permisiva del Partido Conservador.
El problema no hará más que agravarse, ya que se estima que 800.000 extranjeros obtendrán la residencia indefinida en el país en la próxima década debido a los niveles récord de inmigración neta, que han alcanzado hasta 906.000 personas al año.
El secretario del Interior en la sombra, Chris Philp, ha calificado el gasto en prestaciones para extranjeros como «asombroso» e «inaceptable». «Es inmoral que los contribuyentes británicos estén subvencionando a ciudadanos de otros países a una escala industrial. No es de extrañar que nuestros impuestos sean tan altos», declaró.
Philp ha subrayado que los inmigrantes con bajos salarios suponen una carga para el sistema y ha exigido el fin de la inmigración masiva. Para ello, ha presentado enmiendas a la Ley de Fronteras que incluyen la imposición de un límite anual vinculante a la inmigración y un aumento del umbral salarial para la concesión de visados a 38.000 libras anuales.
Starmer, entre la presión de los sindicatos y la realidad económica
La revelación de estas cifras llega en un momento crítico para el Gobierno laborista de Starmer, que enfrenta una creciente presión por parte de su propio partido ante los recortes en el gasto social. En primavera, el Ejecutivo presentará un Libro Blanco sobre inmigración, con medidas que incluirán sanciones a empresarios que incumplan las leyes laborales.
En paralelo, el líder laborista se encuentra con un dilema difícil de resolver: por un lado, necesita reducir el gasto público, pero por otro, su base política y los sindicatos rechazan cualquier restricción a la inmigración.
El director de investigación del CMC, Rob Bates, advierte de que esta situación es «insostenible» y critica que las actuales leyes de residencia indefinida permitan a los inmigrantes acceder al sistema de bienestar después de sólo cinco años en el país, cuando los británicos llevan generaciones sosteniéndolo con sus impuestos.
