Elon Musk ha vuelto a desafiar la censura de los gobiernos globalistas. Su red social, X, antes conocida como Twitter, se negó a entregar cientos de datos de cuentas a las autoridades británicas durante y después de las protestas del verano pasado en Southport.
Las cifras publicadas ahora por X confirman que la empresa rechazó más de la mitad de las solicitudes de información del Gobierno británico en la segunda mitad de 2024. De 806 peticiones, sólo accedió a 379, es decir, un 47%. Esta tasa es significativamente menor a la de gigantes tecnológicos como Google, Meta, TikTok y LinkedIn, que han demostrado mayor sumisión a este tipo de exigencias gubernamentales.
Los datos solicitados por las autoridades incluían correos electrónicos, direcciones IP y mensajes privados de los usuarios. Las cifras reflejan el incremento de la represión en el Reino Unido tras las protestas de julio y agosto, cuando decenas de personas fueron arrestadas por sus publicaciones en redes sociales, y algunas incluso recibieron penas de prisión.
Las protestas en Southport se produjeron tras el brutal asesinato de tres niñas a manos de un inmigrante ilegal de 17 años, Axel Rudakubana. La indignación de los ciudadanos ante la pasividad del Gobierno y su falta de acción contra la inmigración descontrolada desató manifestaciones masivas en varias ciudades. Mientras la población exigía justicia, el Ejecutivo laborista prefirió criminalizar a los manifestantes y aumentar la represión contra aquellos que expresaban su rechazo a la inseguridad que han traído sus políticas globalistas.
Musk, quien desde su llegada a X ha defendido la libertad de expresión, actuó en consecuencia. Durante el verano, comparó al Reino Unido con la Unión Soviética y acusó al Gobierno laborista de «censura». En enero, redobló sus críticas y lanzó una advertencia: «A este ritmo, el Gobierno del Reino Unido pronto ejecutará a la gente por dar ‘me gusta’ a un meme».
Represión contra los disidentes
La Policía británica solicita rutinariamente información a las plataformas digitales para rastrear e identificar cuentas anónimas. Sin embargo, los equipos legales de estas empresas pueden rechazar las solicitudes si las consideran abusivas o ilegales. X ha dejado claro en su web que puede «limitar solicitudes demasiado amplias, pedir contexto adicional o rechazar la petición por otras razones».
La diferencia de criterio entre las grandes tecnológicas es evidente. Mientras X accedió al 47% de las peticiones en el Reino Unido, Meta entregó datos en el 84% de los casos en la primera mitad de 2024, Google en el 88%, TikTok en el 62% y LinkedIn en el 61%.
Este escenario coincide con el recrudecimiento de la persecución política en el Reino Unido, donde el Gobierno laborista y sus aliados progresistas han encontrado en la Ley de Seguridad en Internet una herramienta para castigar a los críticos. Según The Telegraph, desde octubre de 2023, 292 personas han sido acusadas de delitos de odio en internet y 67 han sido condenadas.
Entre ellas se encuentra Lucy Connolly, esposa de un concejal conservador, quien fue sentenciada a dos años y medio de prisión por un mensaje en X en el que pedía «deportación masiva» de inmigrantes ilegales. También fue encarcelada Julie Sweeney, de 53 años, quien recibió una condena de 15 meses por expresar su rechazo a la islamización de su país.
Batalla entre el Gobierno británico y las grandes tecnológicas
Mientras el Gobierno de Keir Starmer intensifica su control sobre la población, la ministra del Interior, Yvette Cooper, ha abierto un nuevo frente contra Apple. La compañía con sede en Cupertino (California, EE.UU.) ha rechazado las presiones del Ejecutivo británico para instalar una puerta trasera en su sistema iCloud que permitiría a las autoridades acceder a la información de los usuarios.
Apple ha presentado una impugnación legal contra esta exigencia, una postura que Musk ha respaldado públicamente con un escueto pero contundente «bien».
