Un informe ha revelado que el Gobierno alemán presidido por el socialista Olaf Scholz está entregando 1.000 euros a cada delincuente afgano que está abandonando el país. El origen de esta medida se remonta al mes pasado, cuando el país llevó a cabo su primer vuelo de deportación a Afganistán desde que los talibanes retomaron el poder, con 28 personas a bordo que habían sido condenadas por diversos delitos.
El semanario Der Spiegel destacó, para beneficiar la imagen de la formación socialista antes del declive electoral en las regiones de Turingia y Sajonia, que esta medida buscaba enviar un mensaje contundente. Sin embargo, la operación ha suscitado preocupación tras conocer que todos ellos recibieron pagos que a muchas familias alemanas les vendría muy bien.
Esta cantidad es considerablemente superior a los 50 euros que suelen otorgarse a los solicitantes de asilo rechazados en Alemania. La gran diferencia ha provocado críticas y especulaciones sobre si los talibanes podrían haber confiscado ese dinero al llegar a Afganistán. Reinhard Erös, un experto en la región, afirmó a FOCUS Online que es probable que la organización islamista se haya apropiado del dinero en cuanto los deportados entraron al país.
El hecho de que a los condenados se les haya entregado una suma tan elevada ha generado dudas sobre la eficacia del sistema de deportaciones alemán. Algunos críticos sugieren que el país parece ser más eficaz expulsando a delincuentes mediante incentivos económicos que por medidas coercitivas. Además, han informado de que los deportados estuvieron acompañados por un médico durante el vuelo, lo que fue visto como un trato inusual para personas que han cometido delitos.
Kristian Beara, representante de la CDU, ha criticado la situación, afirmando que ofrecer lo que calificó como una «recompensa monetaria» a criminales deportados socava la confianza en el gobierno y aviva la frustración con su gestión de la inmigración ilegal. Esta visión fue compartida por Erika Steinbach, ex miembro del Bundestag, quien calificó el vuelo de deportación como una simple maniobra política de cara a las elecciones, argumentando que no aportó soluciones reales al problema de la inmigración.
La confusión entre las autoridades federales y estatales sobre quién debe responsabilizarse por los pagos solo ha complicado aún más la situación. Mientras que unos culpan al gobierno federal, otros sostienen que son las autoridades locales quienes deben dar explicaciones. El diario NiUS informó que esta falta de claridad les llevó a preguntar sobre si el aumento de los pagos fue solicitado de manera urgente por la ministra del Interior, Nancy Faeser, aunque las autoridades se han lavado las manos y han evitado responder a esta cuestión.
