El Gobierno británico ha presentado un borrador de ley para prohibir las llamadas «prácticas de conversión» en Inglaterra y Gales, una norma que sus críticos consideran una amenaza directa para padres, profesores, médicos, terapeutas y líderes religiosos que cuestionen procesos de transición de género, especialmente en menores.
La propuesta, impulsada por la ministra de Igualdad, Olivia Bailey, prevé penas de hasta cinco años de prisión y multas ilimitadas para quienes sean condenados por actos considerados abusivos y dirigidos a cambiar la orientación sexual o la «identidad transgénero» de una persona. El Ejecutivo defiende que la norma incluye salvaguardas para proteger la libertad de expresión, las conversaciones exploratorias y la actividad de profesionales sanitarios, terapeutas y consejeros.
Bailey ha sostenido que la nueva ley no prohibirá la expresión de creencias sobre identidades LGBT ni las conversaciones abiertas sobre la identidad de una persona. Según la ministra, el umbral penal será «alto» y sólo alcanzará conductas abusivas que puedan causar un daño real.
El problema, advierten las voces críticas, está en la amplitud de la definición de abuso. El borrador incluye conceptos como «palabras o comportamientos controladores o coercitivos», «uso de presión económica» y «uso de presión psicológica o emocional«. Esa redacción, según los detractores de la norma, podría acabar contra padres que se nieguen a afirmar sin reservas la identidad trans de un hijo, profesores que deban reconocer el sexo biológico en el aula o médicos que planteen dudas ante tratamientos irreversibles.
La directora ejecutiva de Sex Matters, Maya Forstater, ha calificado la propuesta de «peligrosa» y ha advertido de que «dañará a las personas que pretende proteger«. Forstater ha señalado que convertir en delito el intento de «cambiar la identidad transgénero» de alguien dejará expuestos a denuncias penales a profesores y otros profesionales que necesiten reconocer el sexo biológico para hacer su trabajo.
«Los padres que intentan hacer todo lo posible para ayudar a su hijo durante un periodo difícil estarán en riesgo de investigación policial«, ha afirmado Forstater. También ha acusado al Gobierno de actuar de forma «temeraria» al seguir adelante con una ley que, a su juicio, ignora que muchos menores que adoptan una identidad trans en la infancia o la adolescencia «crecen para ser homosexuales» si no son afirmados de inmediato ni introducidos en una vía de medicalización permanente.
La Free Speech Union ha lanzado una campaña para exigir al Gobierno que retire la prohibición. La organización sostiene que un padre que utilice el sexo real de su hija adolescente o que intente disuadirla de iniciar un camino médico irreversible podría enfrentarse a cargos penales por «convertirla». También advierte de que el riesgo no se limitará a padres y sanitarios, sino que podrá afectar a líderes religiosos que expresen la doctrina de su fe sobre homosexualidad, matrimonio o identidad sexual.
El choque político vuelve a situar a Reino Unido en el centro de la batalla cultural sobre la infancia, la libertad de conciencia y la ideología de género. La ley llega después de años de presión de grupos LGBT para prohibir las llamadas terapias de conversión y tras varios retrasos de gobiernos anteriores. El Ejecutivo laborista presenta ahora la norma como el cumplimiento de una promesa electoral.
Las asociaciones favorables al texto celebran la iniciativa. El director ejecutivo de Stonewall, Simon Blake, ha defendido que «el derecho fundamental a la seguridad no es debatible» y ha asegurado que existe un consenso experto sobre el daño que causan estas prácticas. Blake ha sostenido que el retraso legislativo contrasta con la posición de organismos sanitarios y colegios médicos que califican estas actuaciones como abusivas e ineficaces.
Bailey ha utilizado ese mismo argumento para justificar la intervención penal. «Nadie debería sufrir abusos sólo por ser quien es», ha declarado la ministra. El Gobierno asegura que las «lagunas legales» actuales han dejado a las personas LGBT expuestas a prácticas dañinas y que la ley sólo perseguirá conductas abusivas, no conversaciones legítimas.
Los críticos, sin embargo, temen que la frontera entre abuso, desacuerdo y acompañamiento familiar quede en manos de una interpretación ideológica. El punto más sensible es la inclusión de la identidad trans en la prohibición, porque abre la puerta a considerar sospechosa cualquier resistencia a la afirmación inmediata de un menor que declare sentirse del sexo contrario.
La batalla no se limita al ámbito penal. También afecta a la escuela, a la consulta médica y a la familia. En todos esos espacios, la nueva ley puede convertir una conversación difícil sobre sexo, cuerpo, pubertad o tratamientos irreversibles en una posible investigación policial.
El borrador deberá pasar ahora por el proceso parlamentario. Pero el mensaje político ya está lanzado: el Gobierno laborista quiere tipificar como delito una categoría de conductas cuya definición, según sus críticos, puede acabar contra quienes defienden la realidad biológica, la prudencia médica o el derecho de los padres a intervenir en decisiones esenciales sobre sus hijos.
