El Gobierno laborista del Reino Unido prepara la excarcelación anticipada de hasta 6.000 presos a partir de septiembre, entre ellos condenados por homicidio, violación, lesiones graves y delitos sexuales. La medida, impulsada por el ministro de Justicia, David Lammy, forma parte de la respuesta del Ejecutivo a la falta de plazas en las cárceles británicas.
El cambio legal permitirá que reclusos condenados por delitos graves puedan salir de prisión al cumplir la mitad de su condena, en lugar de los dos tercios exigidos hasta ahora en determinados supuestos. En la práctica, un condenado a 15 años por homicidio o violación podría quedar en libertad tras siete años y medio, y no tras diez, siempre que no haya cometido infracciones graves dentro de la cárcel.
La reforma también afectará a delincuentes condenados por robo en viviendas, hurtos, agresiones y robos reiterados en comercios. En esos casos, podrán quedar libres tras cumplir apenas un tercio de la pena, frente al 40% actual, si mantienen buena conducta penitenciaria.
El Ministerio de Justicia no ha confirmado una cifra total de excarcelaciones, pero The Telegraph sitúa la horquilla entre 5.000 y 7.000 presos. Los primeros 700 saldrían en septiembre y el plan continuaría con cifras similares durante los nueve meses siguientes para activar el nuevo sistema de forma escalonada.
La decisión llega en plena crisis penitenciaria y con el Gobierno laborista en transición tras la dimisión de Keir Starmer. Andy Burnham, favorito para sucederle como primer ministro, heredará en cuestión de semanas una medida de alto riesgo político: la liberación anticipada de delincuentes graves y el malestar de las víctimas.
La Asociación de Gobernadores de Prisiones ha advertido del impacto directo que tendrá la reforma sobre quienes esperaban que sus agresores permanecieran más tiempo entre rejas. Su presidente, Tom Wheatley, ha señalado que habrá víctimas que recibirán cartas del Ministerio de Justicia con la noticia de que el condenado por su caso saldrá «en semanas» y no en meses o años.
«No es como los anteriores planes de liberación anticipada, en los que había exclusiones para determinados tipos de delincuentes. Esto es un cambio estatutario, así que no importa por qué delito hayas sido condenado«, ha afirmado Wheatley.
La oposición conservadora ha acusado al Gobierno laborista de poner en riesgo la seguridad pública. El secretario de Justicia en la sombra, Nick Timothy, ha calificado el plan de «temerario» y de «insulto a las víctimas y amenaza para el público». «Los asesinos y violadores, incluidos los miembros de las bandas de violación, deben permanecer entre rejas, donde pertenecen, pero el Partido Laborista quiere devolverlos a la calle», ha denunciado.
El Ejecutivo defiende que heredó un sistema penitenciario «en crisis» y que, sin medidas urgentes, las prisiones habrían agotado sus plazas. El Ministerio de Justicia sostiene que el plan irá acompañado de la construcción de 14.000 nuevas plazas penitenciarias, un refuerzo de la libertad vigilada y un uso más amplio de dispositivos de seguimiento GPS.
Para contener las críticas, los ministros han presentado además una orden parlamentaria que duplica el tiempo que puede añadirse a la condena de un preso por infracciones graves dentro de prisión: de 42 a 84 semanas. El Gobierno también prevé que los reclusos liberados antes de tiempo lleven pulsera electrónica y queden sometidos a toques de queda o restricciones geográficas.
La reforma, sin embargo, consolida un cambio de fondo en la política penal británica. El Ejecutivo laborista apuesta por reducir el tiempo efectivo de cárcel para miles de delincuentes con el argumento de aliviar la presión sobre el sistema penitenciario. La consecuencia inmediata será que víctimas de delitos graves verán salir a sus agresores mucho antes de lo previsto.
