El Ministerio del Interior británico ha perdido el rastro de más de 50.000 inmigrantes ilegales, entre ellos alrededor de 1.200 delincuentes extranjeros, según datos internos examinados por la Inspección Independiente de Fronteras e Inmigración.
Todos ellos aparecen registrados oficialmente como «fugados» después de incumplir las condiciones de su libertad migratoria, escapar de centros de detención o desaparecer antes de que pudiera ejecutarse su expulsión.
La cifra incluye a solicitantes de asilo rechazados que evitaron su deportación y a inmigrantes llegados ilegalmente a través del canal de la Mancha que dejaron de responder a las llamadas y comunicaciones de las autoridades.
Miles de extranjeros cuyo paradero se desconoce
El Ministerio del Interior considera fugado a cualquier inmigrante que escape de un centro, incumpla las condiciones de su puesta en libertad o permanezca ilocalizable tras los intentos obligatorios de contacto por teléfono y correo electrónico.
El hallazgo confirma que decenas de miles de personas sin derecho reconocido a permanecer en Reino Unido circulan por el país sin que las autoridades sepan dónde se encuentran.
La situación resulta especialmente grave por la presencia entre ellos de 1.200 extranjeros con antecedentes delictivos, cuya vigilancia debería constituir una prioridad para los servicios de inmigración y seguridad.
El Gobierno laborista ha culpado a los anteriores Ejecutivos conservadores del caos administrativo, la falta de fiabilidad de las bases de datos y el crecimiento del atasco de solicitudes.
Casi 150.000 expulsiones bloqueadas
Documentos separados revelan que 149.365 inmigrantes identificados no podían ser deportados porque mantenían abiertas solicitudes de asilo, recursos basados en derechos humanos o alegaciones relacionadas con la legislación contra la esclavitud moderna.
En total, 201.926 de los 412.191 extranjeros incluidos en los registros de agosto de 2024 figuraban como «no expulsables» por tener algún procedimiento pendiente. El sistema permite así que personas cuya presencia ha sido detectada permanezcan durante meses o años en territorio británico mientras se resuelven apelaciones y reclamaciones sucesivas.
Los conservadores denuncian que el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación británica ofrecen a los inmigrantes múltiples vías para retrasar su salida.
Londres duplica el gasto en expulsiones
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha elevado el presupuesto destinado al control migratorio desde 681 millones de libras hasta 1.330 millones. La plantilla de agentes aumentará además de 4.500 a 7.300 trabajadores con el objetivo de incrementar las redadas, las detenciones y las expulsiones.
El Gobierno asegura haber retirado del país a 67.188 extranjeros, un 41% más que en el periodo equivalente anterior. Sin embargo, la inmensa mayoría —50.712— abandonó Reino Unido de manera voluntaria. Sólo 16.476 fueron deportados forzosamente.
Reformas para limitar los recursos
El Ejecutivo prepara una nueva ley de Inmigración y Asilo destinada a acelerar las apelaciones y reducir la capacidad de los inmigrantes ilegales para bloquear sus expulsiones. La reforma limitará la interpretación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la vida familiar, para restringirlo a cónyuges, padres e hijos.
También obligará a presentar las solicitudes de protección por esclavitud moderna dentro de un plazo determinado y permitirá formular una sola reclamación por persona. El sistema de apelaciones será revisado y determinados casos podrán ser resueltos mediante adjudicadores nombrados por el Ministerio del Interior.
