Los empresarios dueños de hoteles han recibido órdenes del gobierno progresista de Keir Starmer de acoger en sus instalaciones a extranjeros con antecedentes penales, incluidos condenados por incendios provocados. Así se desprende de un extenso pliego de condiciones de 117 páginas, elaborado por el Ministerio del Interior británico y entregado a las compañías adjudicatarias de la gestión del alojamiento para solicitantes de asilo. En estos documentos los inmigrantes aparecen denominados en todo momento como «usuarios del servicio».
El texto oficial exige a las empresas aceptar que entre los residentes puede haber «extranjeros con antecedentes delictivos puestos en libertad bajo fianza penal». En los apartados relativos a seguridad se advierte, además, de que alojar a pirómanos puede encarecer notablemente las pólizas de seguros y que será necesario instalar mobiliario «más resistente» en previsión de incidentes con exreclusos.
En otra sección, bajo el epígrafe «principios generales», se subraya que los proveedores deben tratar a estas personas con «sensibilidad, compasión y respeto», aunque admite que algunos casos serán “especialmente complejos” por el perfil de quienes llegan a los hoteles. También se establece que el personal que trabaje cara a cara con los solicitantes de asilo debe pasar cada año cursos de formación en «sesgos inconscientes», «conciencia cultural» y «diversidad étnica».
El asunto ha generado fuertes críticas políticas. Nigel Farage, líder de Reform UK, acusó al Ejecutivo de ocultar deliberadamente la magnitud de la situación: «La verdad se nos ha negado durante años. No sorprende que los vecinos tengan miedo de los jóvenes instalados en esos hoteles. Para mí, ninguno debería estar libre paseando por las calles. El Gobierno esconde la realidad, pero noticia tras noticia vamos conociendo la dimensión del problema».
