El Gobierno italiano dio este miércoles un paso decisivo en su estrategia migratoria. El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley compuesto por 18 artículos que endurece de forma significativa el control de la inmigración ilegal, introduce la posibilidad de prohibir temporalmente la entrada en aguas territoriales y pretende dar utilidad política y operativa al plan Albania, cuyos centros llevan meses prácticamente vacíos pese al elevado desembolso público.
La iniciativa recupera una fórmula que reaparece en Italia cada vez que aumenta la presión en el Mediterráneo: el llamado «bloqueo naval». En términos jurídicos, se traduce en la facultad de impedir durante un tiempo determinado el cruce del límite de las aguas territoriales a determinadas embarcaciones, incluidas las de ONG, cuando el Ejecutivo aprecie una amenaza grave para la seguridad nacional o el orden público.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, sintetizó el enfoque del decreto con una declaración que marca la línea política del Gabinete: «Los confines de Italia son los confines de Europa. Defenderlos es un deber«. La premisa es clara: si el Mediterráneo constituye la frontera exterior de la Unión Europea, Roma exige instrumentos más amplios para reducir llegadas, acelerar trámites y neutralizar lo que define como «efecto llamada», especialmente en relación con los barcos humanitarios.
El texto permite al Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Interior, vetar durante 30 días —prorrogables hasta un máximo de seis meses— el acceso a aguas territoriales en casos de amenaza grave. El proyecto identifica cuatro escenarios que podrían justificar la medida: riesgo concreto de terrorismo, presión migratoria excepcional que comprometa la gestión segura de las fronteras, emergencias sanitarias internacionales y grandes eventos que requieran medidas extraordinarias de seguridad.
La norma incorpora además un régimen sancionador severo. Las embarcaciones que desobedezcan la prohibición se enfrentarían a multas de entre 10.000 y 50.000 euros. La responsabilidad no recaería sólo sobre quien pilote la nave, sino también sobre el armador y el propietario. En caso de reincidencia con la misma embarcación, el texto contempla el secuestro cautelar y, después, la confiscación. El Ejecutivo presenta este esquema como una herramienta disuasoria destinada a encarecer y dificultar nuevos intentos de entrada.
La reforma encaja con el objetivo de trasladar fuera de Italia parte de los procedimientos migratorios. El proyecto abre la posibilidad de conducir a inmigrantes interceptados hacia terceros países con los que Roma haya suscrito acuerdos que incluyan asistencia, acogida o retención en instalaciones específicas, con presencia de organizaciones internacionales especializadas en inmigración y asilo.
En la práctica, el Gobierno aspira a convertir Albania en una plataforma externa para tramitar solicitudes de protección y gestionar retornos sin que los afectados pisen suelo italiano.
El proyecto también restringe el margen de recurso frente a resoluciones negativas en materia de protección internacional. Ante una denegación en primera instancia, las posibilidades de impugnación quedarían limitadas esencialmente a cuestiones de legalidad, y la mera interposición del recurso no bloquearía automáticamente medidas como el traslado a un país tercero o determinadas formas de retención. El Ejecutivo sostiene que el propósito es agilizar procedimientos y evitar dilaciones.
En paralelo, se amplían los supuestos en los que un juez puede ordenar la expulsión o el alejamiento del territorio, incluidos ciudadanos comunitarios en determinados casos, cuando existan condenas por delitos concretos como violencia o amenaza a funcionario público, resistencia a la autoridad u otras infracciones graves contra el orden público, la persona o el patrimonio. También se prevé la expulsión por participación en disturbios dentro de centros mediante actos de violencia o intimidación cometidos en grupo.
En los CPR, los centros donde se retiene a personas en situación ilegal a la espera de repatriación, se introducen normas más estrictas. Quedarán prohibidas las grabaciones de audio y vídeo sin autorización y se limitará el uso de teléfonos móviles, que sólo podrán utilizarse en horarios y espacios autorizados, bajo custodia del personal. El Gobierno lo justifica como una medida de orden interno; organizaciones de derechos humanos alertan de una retención más severa.
