La Cámara de Diputados de Italia ha convertido en ley el decreto del gobierno de Giorgia Meloni que modifica el proceso de reconocimiento de la ciudadanía italiana con nuevas restricciones para los descendientes de italianos nacidos en el extranjero. Con 137 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones, la medida fue ratificada tras haber recibido luz verde en el Senado la semana pasada, donde también fue aprobada por mayoría.
La reforma reduce significativamente el alcance del principio de ius sanguinis, que hasta ahora permitía obtener la ciudadanía italiana incluso a tataranietos de ciudadanos del país, siempre que pudieran demostrar una línea genealógica ininterrumpida hasta un antepasado nacido después de 1861, año de la unificación nacional. A partir de ahora, el derecho de sangre se limitará a sólo dos generaciones: hijos y nietos de ciudadanos italianos podrán solicitar el pasaporte italiano, siempre y cuando el ascendiente no haya renunciado a la ciudadanía o adquirido otra antes de fallecer.
El nuevo marco legal establece que la nacionalidad italiana ya no será automática para quienes hayan nacido fuera del país y posean otra nacionalidad. Además, se excluye expresamente a quienes nacieron en el extranjero antes de la entrada en vigor de esta normativa, incluso si cumplen con otros requisitos.
Uno de los puntos más debatidos fue la eliminación, mediante una enmienda parlamentaria, de la exigencia de que el antepasado hubiera nacido en Italia. Sin embargo, dicha modificación vino acompañada de otra condición que ha sido recibida con críticas por parte de numerosos descendientes: el ancestro debe haber poseído únicamente la ciudadanía italiana, sin tener doble nacionalidad al momento de la transmisión o de su muerte.
Entre las nuevas disposiciones destacan también otros aspectos: se exige un vínculo real y demostrable con Italia para que la nacionalidad pueda ser concedida; en el caso de los menores de edad, se requerirá que los progenitores o tutores legales expresen formalmente su deseo de solicitar la ciudadanía para ellos, siempre que hayan residido legalmente en Italia por al menos dos años.
La ley también acorta los plazos administrativos para la tramitación de solicitudes por matrimonio, estableciendo un máximo de 24 meses, y permite a quienes perdieron la ciudadanía italiana recuperarla si residieron o nacieron en el país durante al menos dos años. Este proceso de recuperación sólo podrá llevarse a cabo entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2027.
Desde Forza Italia, uno de los partidos que respaldaron la iniciativa, se celebró la aprobación definitiva de la norma. En un comunicado difundido por sus coordinadores en el exterior, el partido destacó que se trata de una «reforma necesaria» que «moderniza una legislación desfasada, fortalece los lazos con las comunidades italianas del mundo y reconoce a quienes han demostrado una auténtica integración en la sociedad italiana».
El texto aprobado, compuesto por cuatro artículos, marca un giro sustancial en la política de nacionalidad del país transalpino. Si bien para algunos sectores supone una actualización ajustada a las realidades actuales, para miles de descendientes en Iberoamérica, Estados Unidos y otras regiones del mundo, representa una barrera difícil de superar para acceder a la ciudadanía de sus antepasados.
