El Gobierno de Giorgia Meloni ha puesto sobre la mesa una nueva fórmula para afrontar la presión migratoria: dar un plus a los abogados para que impulsen la salida de inmigrantes ilegales. La medida forma parte de un paquete legislativo en materia de seguridad que ya ha sido aprobado en el Senado y se encuentra en tramitación en el Parlamento italiano.
Según el plan, los letrados podrían recibir hasta 615 euros por cada inmigrante que acepte regresar a su país de origen. La compensación se abonaría únicamente cuando el retorno se haya completado, lo que busca incentivar resultados efectivos dentro de un sistema que hasta ahora ha mostrado serias dificultades para ejecutar expulsiones.
El Ejecutivo italiano ha destinado inicialmente unos 246.000 euros para este programa en 2026, con previsión de ampliar la dotación en los próximos años. La iniciativa se enmarca en la estrategia más amplia de Meloni para reforzar el control migratorio y acelerar los retornos, uno de los pilares de su programa político.
El Gobierno defiende que se trata de un mecanismo pragmático para desbloquear un sistema colapsado, donde miles de inmigrantes ilegales permanecen en territorio italiano sin que existan vías efectivas para su retorno. Con este nuevo instrumento, Roma busca avanzar en una línea más operativa: acelerar las salidas.
