Las autoridades italianas han detenido este martes a siete presuntos integrantes de una red de anarquistas insurreccionales investigada por varios sabotajes contra infraestructuras estratégicas durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.
Los arrestados estarían vinculados con los incidentes registrados en febrero en la red ferroviaria del norte de Italia, entre ellos el incendio de una subestación eléctrica en Pesaro y una explosión en el cableado de la línea entre Bolonia y Padua.
Ambos ataques provocaron retrasos en el tráfico ferroviario durante la celebración de los Juegos y abrieron una investigación sobre una posible campaña coordinada de sabotaje promovida desde círculos de extrema izquierda.
El ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, ha felicitado a las fuerzas de seguridad y a las autoridades judiciales por un operativo «complejo y altamente cualificado» que habría permitido desarticular una estructura activa en todo el país.
Según Piantedosi, la organización tenía como objetivo infraestructuras estratégicas, incluida la red ferroviaria de alta velocidad. «Esta operación supone un duro golpe para la red anarco-insurgente», afirmó.
Meloni reivindica «la fuerza del Estado» contra los anarquistas
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró la operación y advirtió de que su Gobierno continuará combatiendo cualquier forma de terrorismo y violencia política. «Es un duro golpe contra quienes creen que pueden amenazar la seguridad de la nación, atacar infraestructuras estratégicas y poner en tela de juicio los principios de la convivencia democrática», manifestó.
Meloni sostuvo que el operativo «confirma la fuerza del Estado» y la determinación del Ejecutivo para defender la legalidad y proteger a los ciudadanos frente a los grupos radicales que recurren al sabotaje para imponer su agenda.
El Gobierno relaciona la actividad de estos entornos con la campaña de movilización en apoyo de Alfredo Cospito, referente del anarquismo insurreccional italiano condenado por distintos actos violentos.
Cospito recibió inicialmente una pena de diez años de prisión por disparar en una pierna al director de la empresa nuclear Ansaldo Nucleare. Posteriormente fue condenado a cadena perpetua por su participación en un atentado con explosivos contra una sede de los Carabinieri.
Piantedosi ha advertido de que la campaña alrededor del preso anarquista ha continuado alimentando «patrones de violencia y ataques contra las instituciones democráticas» en determinados ambientes radicalizados.
La operación vuelve a poner el foco sobre una extrema izquierda que, amparada durante años por cierta indulgencia política y cultural, ha recurrido al sabotaje, la intimidación y los ataques contra servicios esenciales.
Frente a esa violencia ideológica, el Ejecutivo de Meloni ha prometido tolerancia cero y una defensa firme del orden público, sin excepciones ni justificaciones políticas.
