Italia ha puesto en marcha un nuevo plan migratorio con el objetivo de desviar el 40% de los inmigrantes ilegales que cruzan el Mediterráneo Central hacia Albania, evitando así que lleguen a suelo italiano.
Esta estrategia forma parte del Protocolo Italia-Albania, implementado por el gobierno de Giorgia Meloni, y ha comenzado oficialmente este lunes, cuando un barco de la Marina Militar italiana recogió a un grupo de inmigrantes ilegales en aguas internacionales y los trasladó directamente a las costas albanesas.
Los inmigrantes afectados por esta medida serán principalmente hombres que no se consideren vulnerables y que provengan de países clasificados como seguros. Serán transportados directamente a Albania, donde se examinarán sus casos para una posible deportación rápida. Aunque sean procesados en territorio albanés, los inmigrantes tendrán el mismo derecho a solicitar asilo que si estuvieran en Italia, ya que los centros de acogida estarán bajo la jurisdicción italiana. Los que sí podrían tener derecho a protección internacional —como mujeres, menores no acompañados, y personas procedentes de países inseguros— seguirán desembarcando en la isla de Lampedusa, bajo los procedimientos habituales.
El principal destino de estos inmigrantes ilegales será el puerto de Shëngjin, en el norte de Albania, donde se encuentra un centro de recepción con capacidad para 200 personas. Desde allí, serán trasladados a una instalación más grande en Gjader, a unos 20 kilómetros de distancia, que funcionará como el epicentro del proceso de repatriación. Este complejo, construido por el gobierno italiano en una antigua base militar, tiene capacidad para albergar a más de 1.000 personas y está protegido por un muro de cinco metros de altura. Además, está dividido en áreas para solicitantes de asilo, inmigrantes en proceso de repatriación, y una pequeña prisión.
El éxito de esta nueva estrategia migratoria depende, en gran medida, de la consideración de «país seguro». En mayo, Italia amplió su lista de naciones seguras, incluyendo a Bangladesh, Egipto y Túnez, países que son el origen del 40% de los inmigrantes ilegales que han llegado a la nación en lo que va de año. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado recientemente que un país sólo puede considerarse seguro si lo es para toda su población, lo que complica la situación, ya que existen informes que indican que en estos países hay riesgos para minorías étnicas, opositores políticos o el colectivo LGBTIQ+.
A pesar de las advertencias del TJUE y los posibles retos logísticos y legales, el gobierno de Meloni sigue adelante con el plan, que incluye una inversión de más de 60 millones de euros en los centros de acogida en Albania. En los próximos cinco años, se espera que el país gaste entre 600 y 800 millones de euros en este programa, que podría ampliarse otros cinco años. Según estimaciones oficiales, los centros albaneses procesarán unos 36.000 inmigrantes ilegales al año, lo que representa más de la mitad de los 53.000 que han desembarcado en Italia en lo que va de 2024.
