El Gobierno de Giorgia Meloni está decidido a cumplir su promesa de luchar contra la inmigración ilegal y, para ello, está dispuesto a elevar significativamente las sanciones contra los barcos de rescate de inmigrantes ilegales, ahora que acaba de incautar la vigésimo tercera nave de este tipo. El Geo Barents, operado por Médicos Sin Fronteras (MSF), fue detenido en el puerto de Salerno esta semana tras rescatar a 191 inmigrantes.
El embargo responde a la promesa clave de Meloni de frenar la inmigración ilegal, que ya se ha traducido en una significativa reducción en las llegadas: poco más de 39.500 este año, frente a las 112.500 en el mismo período el año pasado.
La orden de detención de 60 días, emitida el lunes por la noche, es una de las medidas más severas adoptadas en una campaña de 18 meses contra los grupos humanitarios que operan en el Mediterráneo. Las autoridades acusaron al Geo Barents de poner en peligro vidas y de no proporcionar información oportuna durante un rescate nocturno el viernes pasado. Médicos Sin Fronteras ha calificado la decisión del gobierno italiano de «arbitraria e inhumana».
A finales de 2022, poco después de que Meloni asumiera el cargo, su gobierno implementó nuevas y estrictas normas para limitar la capacidad de los grupos humanitarios de rescatar a los inmigrantes. Entre ellas se incluyen advertencias de que los barcos que no cumplan con los protocolos serán incautados, una amenaza que se ha materializado en repetidas ocasiones. Las autoridades italianas han detenido diez barcos de búsqueda y rescate, algunos más de una vez, lo que ha provocado una pérdida acumulada de 480 días en el mar para operaciones de rescate solo este año, según SOS Humanity.
El embargo del Geo Barents supone la tercera detención del buque y MSF ha prometido impugnar la «detención ilegal» ante los tribunales. Sin embargo, estos casos no suelen resolverse hasta mucho después de que los barcos hayan sido liberados, lo que socava el proceso legal.
