El Gobierno de Giorgia Meloni ha presentado un proyecto de ley que endurecerá las penas por violencia de género, llegando a sancionar con cadena perpetua casos como el de asesinato o violación. Una de las medidas más significativas de la propuesta es la tipificación del feminicidio como un delito independiente, con el objetivo de combatir de manera más eficaz la violencia ejercida contra las mujeres.
Este nuevo delito se define como el homicidio de una mujer motivado por una relación de dominación, control o sometimiento. No se trata sólo de un asesinato, sino de un acto vinculado a la subordinación que algunas mujeres sufren en sus relaciones. Aunque la medida todavía debe recorrer un largo proceso legislativo antes de convertirse en ley, su presentación en la víspera del 8 de marzo ha sido interpretada como un gesto político de gran simbolismo.
Las cifras actuales evidencian la urgencia de esta reforma. En lo que va de 2024, se ha registrado un feminicidio cada tres días en Italia, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de aplicar sanciones más severas y mecanismos más efectivos de prevención. Aunque el homicidio ya está tipificado en la legislación italiana, en los últimos años se han introducido reformas para abordar de forma más específica la violencia de género. La propuesta de Meloni representa un nuevo paso en esta dirección.
El proyecto de ley también incluye disposiciones para agravar las penas en delitos como el maltrato, el acoso, la violencia sexual y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Además, impone sanciones más severas para crímenes como la mutilación genital femenina, una práctica que afecta a muchas mujeres inmigrantes en Italia, y para quienes causen daños irreversibles en el rostro de sus víctimas, como ocurre en los ataques con ácido.
Otra de las modificaciones que introduce la reforma afecta a la administración de justicia. A partir de su aprobación, los fiscales estarán obligados a interrogar directamente a las víctimas, sin delegar esta tarea en la policía judicial. Asimismo, se establecerán programas de formación especializada para magistrados y otros profesionales implicados en la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos.
El endurecimiento de las penas también se extiende al ámbito penitenciario. La propuesta legislativa restringe el acceso a beneficios carcelarios para quienes hayan cometido delitos contemplados en el «Código Rojo», que agrupa las infracciones más graves en materia de violencia de género. Además, se garantiza a las víctimas el derecho a ser notificadas cuando su agresor obtenga la liberación anticipada.
